POLITICA
5 de febrero de 2015
Líderes de la oposición firmaron un compromiso para defender la independencia del Poder Judicial
Representantes de los principales partidos no kirchneristas adhirieron a la propuesta de la Asociación de Magistrados, que busca asegurar la plena vigencia del principio de separación de poderes y autonomía de la Justicia
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y dirigentes de distintos partidos políticos firman desde este mediodía un compromiso político-institucional para resguardar la independencia de la Justicia.
Según sus representantes, el objetivo de este pacto es "afianzar la justicia, asegurando la plena vigencia del principio de separación de poderes que reconoce correlato ineludible en la independencia y autonomía del Poder Judicial de la Nación".
Ayer pasaron a firmar el documento el líder del Partido Socialista, Hermes Binner; la conductora del GEN, Margarita Stolbizer, el titular del bloque del Frente Amplio Progresista en Diputados, Juan Carlos Zabalza, y el diputado Omar Duclos. En lo que va de la jornada de hoy, lo hizo Sergio Massa junto a varios dirigentes del Frente Renovador, entre ellos si aliado más reciente, Francisco De Narváez; también los radicales Ernesto Sanz, Julio Cobos y Gerardo Morales, entre otros dirigentes de ese partido. Lo propio hizo el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, la legisladora porteña Graciela Ocaña y el gremialista Gerónimo "Momo" Venegas. A última hora de la tarde firmaron el acuerdo las legisladoras Gabriela Michetti, Patricia Bullrich, Laura Alonso y Norma Morandini. "Venimos a dar el respaldo de la dirigencia política a fiscales y jueces para que puedan investigar", dijo Massa a Infobae. "Es un compromiso personal de que vamos a construir una Argentina seria, con libertad para que cada uno de los poderes trabaje", añadió. Por su parte, De la Sota señaló que "hay Justicia, siempre que la política está lejos del Poder Judicial"; por eso reclamó "un Consejo de la Magistratura apolítico, especializado en lo técnico, profesional".
"Estamos acá para decir que respaldamos la actitud de una Justicia inependiente, que se termine con esto de que cuando alguien investiga es porque hay una intencionalidad política detrás", completó el gobernador de la provincia de Córdoba.
El presidente del Comité Nacional de la UCR, Sanz, alzó la voz de su espacio político para pedirle al gobierno nacional "que ejerza un liderazgo tranqulizador, pacificador. No sirve de nada que haya funcionarios que incitan a la violencia desde un atril".
Desde el mismo sector, Cobos manifestó que estaban allí porque "en un momento de gravedad institucional" es necesario "poner en valor hechos de fortaleza institucional", incluso aunque esas cuestiones que se reclaman "parezcan cosas obvias" como el respeto a la Constitución.
En tanto, De Narváez apuntó: "Este documento que ha firmado la oposición es una confirmación de que queremos una Justicia independiente".
La legisladora porteña Graciela Ocaña también se sumó al acuerdo que impulsó la Asociación de Magistrados: "En momentos en que sentimos que la Justicia está amenazada, nos parece muy importante apoyar esta iniciativa. Este es un compromiso a futuro, en el que ponen su firma candidatos a Presidente. Este no es un tema partidario ni de disputa electoral, apunta a en qué país queremos vivir".
El borrador, al que tuvo acceso Infobae, contiene cinco puntos, pero el más importante es el quinto, en el que se plantea que las escuchas telefónicas queden bajo el control del Poder Judicial, en lugar de la Procuración General, como pretende el Gobierno, o de la Secretaría de Inteligencia, como ocurre actualmente.
Así, la Oficina de Observaciones Judiciales no debería estar a cargo de la Procuración General que encabeza Gils Carbó, como lo establece el proyecto enviado por Cristina Kirchner al Senado de la Nación.
Los cinco puntos propuestos:
1) La independencia del Poder Judicial de la Nación será garantizada y respetada por los demás órganos públicos y los actores de la vida política e institucional de la república, principio que naturalmente comprende el aseguramiento de su autonomía financiera.
2) Los poderes públicos respetarán la labor del Poder Judicial de la Nación de modo irrestricto, absteniéndose de interferir de cualquier manera en el desempeño de sus funciones; circunstancia que comprende el incondicional e inmediato acatamiento de las sentencias y decisiones que éste dicte.
3) El Consejo de la Magistratura de la Nación cumplirá con transparencia y eficiencia sus funciones y misiones constitucionales, asegurando la eficaz prestación del servicio de justicia y la independencia de los jueces. El Congreso de la Nación velará por el permanente equilibrio en la integración del Consejo y éste garantizará transparencia en los concursos públicos y se abstendrá de enjuiciar a los jueces por el contenido de sus sentencias. Los procedimientos disciplinarios jamás se convertirán en herramientas de asedio para sofocar la actuación de jueces independientes.
4) Garantizar la independencia y autonomía de los Ministerios Públicos, cuyo único principio rector de actuación deberá ser la defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad. Se rechaza enfáticamente la partidización del Ministerio Público y su subordinación a cualquier poder público, partido político, persona o interés ajeno a su estructura. Las investigaciones que lleven adelante los fiscales serán respetadas por los demás órganos públicos, a la vez que se garantizará su libertad de criterios jurídicos. Los fiscales serán seleccionados a través de concursos públicos transparentes y no podrán ser enjuiciados por el contenido de sus dictámenes. Los mecanismos de remoción de los magistrados del Ministerio Público asegurarán el debido proceso y sus decisiones no estarán sujetas a intereses partidarios.
5) Impulsar el dictado de normas que doten a jueces y fiscales de herramientas suficientes y eficientes para cumplir sus funciones constitucionales. En ese sentido, entre otras medidas, se preverá la efectiva puesta en funciones de una Policía Judicial, que dependa directamente del Ministerio Público Fiscal; como así también el traspaso a la órbita del Poder Judicial de la Nación de las oficinas encargadas de materializar las órdenes judiciales de intervención de comunicaciones telefónicas, actualmente dependientes del Poder Ejecutivo Nacional.
En los últimos días, Mauricio Macri y Federico Pinedo por el Pro; el radical Ernesto Sanz; Sergio Massa, y Hermes Binner, entre otros, visitaron la Asociación de Magistrados y se comprometieron a firmar el documento.
Ayer pasaron a firmar el documento el líder del Partido Socialista, Hermes Binner; la conductora del GEN, Margarita Stolbizer, el titular del bloque del Frente Amplio Progresista en Diputados, Juan Carlos Zabalza, y el diputado Omar Duclos. En lo que va de la jornada de hoy, lo hizo Sergio Massa junto a varios dirigentes del Frente Renovador, entre ellos si aliado más reciente, Francisco De Narváez; también los radicales Ernesto Sanz, Julio Cobos y Gerardo Morales, entre otros dirigentes de ese partido. Lo propio hizo el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, la legisladora porteña Graciela Ocaña y el gremialista Gerónimo "Momo" Venegas. A última hora de la tarde firmaron el acuerdo las legisladoras Gabriela Michetti, Patricia Bullrich, Laura Alonso y Norma Morandini. "Venimos a dar el respaldo de la dirigencia política a fiscales y jueces para que puedan investigar", dijo Massa a Infobae. "Es un compromiso personal de que vamos a construir una Argentina seria, con libertad para que cada uno de los poderes trabaje", añadió. Por su parte, De la Sota señaló que "hay Justicia, siempre que la política está lejos del Poder Judicial"; por eso reclamó "un Consejo de la Magistratura apolítico, especializado en lo técnico, profesional".
"Estamos acá para decir que respaldamos la actitud de una Justicia inependiente, que se termine con esto de que cuando alguien investiga es porque hay una intencionalidad política detrás", completó el gobernador de la provincia de Córdoba.
El presidente del Comité Nacional de la UCR, Sanz, alzó la voz de su espacio político para pedirle al gobierno nacional "que ejerza un liderazgo tranqulizador, pacificador. No sirve de nada que haya funcionarios que incitan a la violencia desde un atril".
Desde el mismo sector, Cobos manifestó que estaban allí porque "en un momento de gravedad institucional" es necesario "poner en valor hechos de fortaleza institucional", incluso aunque esas cuestiones que se reclaman "parezcan cosas obvias" como el respeto a la Constitución.
En tanto, De Narváez apuntó: "Este documento que ha firmado la oposición es una confirmación de que queremos una Justicia independiente".
La legisladora porteña Graciela Ocaña también se sumó al acuerdo que impulsó la Asociación de Magistrados: "En momentos en que sentimos que la Justicia está amenazada, nos parece muy importante apoyar esta iniciativa. Este es un compromiso a futuro, en el que ponen su firma candidatos a Presidente. Este no es un tema partidario ni de disputa electoral, apunta a en qué país queremos vivir".
El borrador, al que tuvo acceso Infobae, contiene cinco puntos, pero el más importante es el quinto, en el que se plantea que las escuchas telefónicas queden bajo el control del Poder Judicial, en lugar de la Procuración General, como pretende el Gobierno, o de la Secretaría de Inteligencia, como ocurre actualmente.
Así, la Oficina de Observaciones Judiciales no debería estar a cargo de la Procuración General que encabeza Gils Carbó, como lo establece el proyecto enviado por Cristina Kirchner al Senado de la Nación.
Los cinco puntos propuestos:
1) La independencia del Poder Judicial de la Nación será garantizada y respetada por los demás órganos públicos y los actores de la vida política e institucional de la república, principio que naturalmente comprende el aseguramiento de su autonomía financiera.
2) Los poderes públicos respetarán la labor del Poder Judicial de la Nación de modo irrestricto, absteniéndose de interferir de cualquier manera en el desempeño de sus funciones; circunstancia que comprende el incondicional e inmediato acatamiento de las sentencias y decisiones que éste dicte.
3) El Consejo de la Magistratura de la Nación cumplirá con transparencia y eficiencia sus funciones y misiones constitucionales, asegurando la eficaz prestación del servicio de justicia y la independencia de los jueces. El Congreso de la Nación velará por el permanente equilibrio en la integración del Consejo y éste garantizará transparencia en los concursos públicos y se abstendrá de enjuiciar a los jueces por el contenido de sus sentencias. Los procedimientos disciplinarios jamás se convertirán en herramientas de asedio para sofocar la actuación de jueces independientes.
4) Garantizar la independencia y autonomía de los Ministerios Públicos, cuyo único principio rector de actuación deberá ser la defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad. Se rechaza enfáticamente la partidización del Ministerio Público y su subordinación a cualquier poder público, partido político, persona o interés ajeno a su estructura. Las investigaciones que lleven adelante los fiscales serán respetadas por los demás órganos públicos, a la vez que se garantizará su libertad de criterios jurídicos. Los fiscales serán seleccionados a través de concursos públicos transparentes y no podrán ser enjuiciados por el contenido de sus dictámenes. Los mecanismos de remoción de los magistrados del Ministerio Público asegurarán el debido proceso y sus decisiones no estarán sujetas a intereses partidarios.
5) Impulsar el dictado de normas que doten a jueces y fiscales de herramientas suficientes y eficientes para cumplir sus funciones constitucionales. En ese sentido, entre otras medidas, se preverá la efectiva puesta en funciones de una Policía Judicial, que dependa directamente del Ministerio Público Fiscal; como así también el traspaso a la órbita del Poder Judicial de la Nación de las oficinas encargadas de materializar las órdenes judiciales de intervención de comunicaciones telefónicas, actualmente dependientes del Poder Ejecutivo Nacional.
En los últimos días, Mauricio Macri y Federico Pinedo por el Pro; el radical Ernesto Sanz; Sergio Massa, y Hermes Binner, entre otros, visitaron la Asociación de Magistrados y se comprometieron a firmar el documento.
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