La Comisión Bicameral que investiga la desaparición del

ARA San Juan

Desde el oficialismo, el diputado Luis Petri y la senadora Olga Brizuela repitieron además un pedido formulado hace 15 días por familiares de los tripulantes, el apartamiento de la Bicameral de la ex ministra de Defensa y actual diputada del FPV, Nilda Garré, con el argumento de que “hay conflicto de intereses” y que “no puede ser juez y parte” en la investigación.

Previamente, la legisladora kirchnerista había solicitado que preste testimonio ante la Bicameral el actual senador por La Rioja y ex ministro de Defensa del macrismo, Julio Matínez, con el argumento de que “todo lo que hace al mantenimiento del submarino y las recomendaciones que se efectuaron en sus momento por la inspección general de la Armada cae en el período de ejercicio del cargo del entonces ministro Martínez”.

Petri pidió la palabra y propuso “citar a todos los ministros de Defensa que tuvieron participación en el arreglo de media vida” de la nave “para tener una información completa”, y advirtió que, si se cita “sólo a Martínez, van a faltar algunos otros ministros que tomaron participación desde que se inició la reparación”.

La senadora Brizuela sumó además el pedido de recusación de Garré al considerar que hubo anomalías que datan de la época en que Garré fue ministra y consideró que se debe dilucidar si “hubo sobreprecios y sobornos” para “echar luz” sobre “vicios ocultos” que parece haber habido en la reparación de media vida de la nave.

La definición sobre la posible comparecencia de los ex ministros de Defensa de los últimos años, además de Garré y Martínez, el ex ministro del kirchnerismo y actual diputado Agustín Rossi, quedó supeditada a una presentación por escrito de quienes promovieron la iniciativa.

Fuentes de la Comisión que preside el senador del peronismo José Ojeda expresaron además que, respecto al pedido de recusación de Garré, debe ser resuelto por la Cámara de Diputados y, más precisamente, por el propio bloque del Frente para la Victoria de esa cámara, que la propuso como miembro.

En su defensa, Garré explicó que “sin perjuicio de que se puede escuchar a todos los ministros de los últimos 20 años el momento en el que se le da el ok al submarino para funcionar fue en el año 2016 durante la gestión del gobierno actual”.

"Se supone que en ese momento estaba aprobado después de ser sometido a pruebas entre 2014 y fines de 2015 cuando se le hace entrega definitiva a la Armada, por lo que en marzo de 2016 el submarino estaba bien”, aclaró, y añadió: “Lo más lógico sería llamar preferentemente a los que estuvieron vinculados al momento en que empieza a navegar nuevamente”.

Petri insistió con que es necesario “citar a todos los ministros, teniendo en cuenta -remarcó- el informe de 2016 de la SIGEN (Sindicatura General de la Nación) que da cuenta de una serie de irregularidades que se dieron en el tránsito de la reparación”.

La senadora Magdalena Odarda reclamó por su parte que se esclareciera una denuncia de familiares respecto a que algunos de sus teléfonos pudieron ser intervenidos ilegalmente y reclamó que se acelere la contratación directa de una empresa privada para la búsqueda, cuyo proceso de selección culmina en diez días.

En tanto, los miembros de la Comisión que investiga la desaparición del submarino acordaron viajar la semana próxima a la ciudad de Caleta Olivia para entrevistarse con la jueza federal Marta Yañez a cargo de la investigación penal, el próximo viernes 4 de mayo.