El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso la virtual intervención y allanamiento del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Capital Federal y Gran Buenos Aires (SIVENDIA), así como el desplazamiento de la conducción de su histórico líder, Omar Plaini, alineado al kirchnerismo.

Luego del allanamiento, Plaini denunció una “persecución política y jurídica” y pidió que “la justicia actúe, se están violando todos los derechos constitucionales, hay un ataque al movimiento sindical argentino”, dijo el referente sindical en diálogo con los medios.

Al respecto, la CGT rechazó el allanamiento y consideró que
se trata de “persecución gremial por parte del gobierno nacional” y “esconde tras de sí objetivos políticos”.

La decisión se produjo en el marco de una vieja causa que se remonta a 2013, cuando una agrupación interna disidente de la que encabeza Plaini hizo una presentación por presuntas irregularidades en las elecciones sindicales de ese año.

Según informaron fuentes oficiales, el juez dispuso un allanamiento en el que intervinieron cinco camionetas y efectivos de la Gendarmería Nacional en la sede del sindicato, situada en la calle Venezuela al 2.365, de esta Capital. Los uniformados llegaron con una orden para irrumpir en las instalaciones de la sede central del sindicato de vendedores de diarios y revistas en busca de supuestas actas de asambleas con firmas falsas, como consecuencia de presuntas irregularidades en las elecciones de renovación de autoridades de fines de setiembre de 2013.

La decisión del juez Martínez de Giorgi implica en los hechos el virtual desplazamiento de la conducción del sindicado de su hasta ahora titular, Omar Plaini. Al respecto, la CGT dijo entender “que la causa iniciada en el año 2013 es una excusa que esconde tras de sí objetivos políticos y, especialmente, persecución gremial por parte del gobierno nacional”. “El inmiscuirse en la vida interna del gremio por parte de un juzgado federal enarbolando incumplimiento de la ley de Asociaciones Profesionales no solo está fuera de su órbita de acción sino que ejerce violencia institucional sobre la representatividad de los trabajadores canillitas que eligieron sus autoridades en el marco de la ley que los regula”, enfatizó.

En ese marco, la CGT instó “al juez federal (Marcelo Martínez De Giorgi), a las autoridades del Ministerio de Trabajo y al Poder Ejecutivo Nacional a que cesen en la intervención del gremio y, como viene sucediendo en tantos otros casos, la persecución a dirigentes gremiales”.

Plaini es también diputado nacional del monobloque Cultura, Educación y Trabajo y está alineado al kirchnerismo. En octubre de 2013 se realizaron elecciones internas en el gremio de los canillitas y Plaini renovó su mandato por cuatro años al vencer, según se aseguró, por el 89 por ciento de los votos.

En ese momento, el dirigente resaltó que “los canillitas apoyaron la gestión porque saben que siempre se luchó, que se recuperaron conquistas perdidas en los ’90 y que el gremio está sumando nuevos servicios y beneficios”, puntualizó. Sin embargo, por la oposición la Lista Azul denunció al Ministerio de Trabajo “varias irregularidades en la conformación de la Junta Electoral” y reclamó la suspensión de los comicios de renovación de cargos.

El opositor a Plaini, José Olivo, de la Lista Azul y referenciado en el Partido Solidario de Nuevo Encuentro, no se presentó al comicio luego de denunciar “irregularidades” y denunció en aquél entonces que el lugar elegido para convocar a la asamblea de elección de la Junta Electoral “no reunía la capacidad suficiente” y desconoció “el comicio de renovación de autoridades”, a la vez que exigió “transparencia y democracia”.

“La designación de la Junta Electoral en un acto viciado de nulidad; la pretensión de que votaran cientos de no canillitas y la negativa a entregar los padrones con anticipación para impedir su control, fue parte de las maniobras”, aseguró Olivo, en la denuncia que dio lugar luego a una presentación judicial.