El pasado martes, tras la denuncia mediática sobre la insólita quita de deuda que el Estado estaba negociando con la familia Macri, de más del 90%, la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, dictaminó que debe rechazarse la propuesta realizada por Correo Argentino S.A. y aceptada por el Estado Nacional, calificandola de “abusiva” e “irregular”.

La deuda se remonta al canon impago de la empresa desde que fuera privatizada y concedida a la familia Macri. Ese fue el argumento que utilizó en su momento Néstor Kirchner para estatizarla, lo que generó un juicio por parte de la firma, que a su vez presentó su quiebra (el principal deudor, el Estado Nacional).

La cifra equivaldría, según los cálculos judiciales, a 4 mil millones de pesos en la actualidad, que treparían con los intereses hasta los 70 mil millones para el año 2032. Para dar una idea, el monto equivaldría a 10 años del déficit anunciado por Aerolíneas Argentinas para todo el 2016 (450 millones de dólares, con un peso a 16).

Intereses para todos

El reclamo de la funcionaria judicial tiene sustento en dos ítems principales: por un lado, cuestionar la autoridad del encargado de la negociación; por el otro, ir al hueso del acuerdo, que condona el 98,2% de lo adeudado por el grupo SOCMA S.A., propiedad de la familia Macri (intervienen en la firma desde Franco Macri hasta el propio presidente Mauricio, que le vendió su parte a su primo, Angelo Calcaterra). Esto, es un evidente conflicto de intereses.

Respecto del hombre que representó los intereses de todos los argentinos en la negociación, apunta con nombre y apellido al doctor Juan Carlos Mocoroa, desginado por el jefe de gabinete Marcos Peña en forma provisoria (por 180 días, firmada el 2 de marzo de 2016) al frente de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación, según recopiló el portal Nuestras Voces.

Esto implica que estaría poco tiempo en el cargo, con lo cual sus tareas serían muy específicas.

Pero además, la fiscal hace hincapie en la necesidad del funcionario de consultar con la Oficina Anticorrupción y sus superiores respecto de la negociación para, precisamente, evitar un acuerdo que beneficie directamente a la familia del presidente.

La fiscal Boquín consideró que la nueva propuesta a la que se prestó conformidad “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional”.

Su aceptación implica “reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible”, por “resultar equiparable a una condonación de la deuda”, según su dictamen, que deberá ser definido por los camaristas a cargo del caso, María Lilia Gomez Alonso de Díaz Cordero, Matilde Ballerini y Ana Isabel Piaggi.

Un dato adicional: en la propuesta acordada entre el Estado (Macri) y la empresa (Macri), se acuerda que el pago de intereses se de en forma progresiva e inversa en el tiempo. Esto es, arrancar con un interés bajo, y sumar el 50% en los dos últimos de pago (2032 y 2033). Lo que se dice, ganarle a la inflación.