El presidente Mauricio Macri dijo que, a partir del traspaso de parte de la justicia nacional ordinaria a la órbita de la ciudad, los vecinos "van a poder dirimir sus conflictos de la vida diaria a través de un Poder Judicial propio", y expresó su confianza en que tanto la Legislatura porteña como el Congreso Nacional ratifiquen el convenio que firmó en la Casa de Gobierno con el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

En ese marco, el jefe de Estado sostuvo que "la Justicia también tiene que tener herramientas de evaluación para tener resultados y que las cosas no se dilaten", y puso como ejemplo de los déficits en ese sentido al caso que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman que, a dos años de sucedida, no pudo establecer aún sus circunstancias.

Así lo afirmó en el marco del acto de firma del convenio de transferencia a la órbita porteña de parte de la Justicia Nacional, realizado en la Casa de Gobierno, con la participación también del ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, y de su par de la ciudad, Martín Ocampo.

Además, el Presidente sostuvo que la transferencia permitirá mejorar la "seguridad" para dar "respuestas a las víctimas" haciendo que la tarea de la Justicia sea "más eficiente, más cercana y más dinámica".

La Asociación de Magistrados, en contra

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) expresó su oposición al proyecto oficial anunciado. La entidad que agrupa a jueces y fiscales expresó su "enfático" rechazo por el acuerdo entre los gobiernos de la Nación y de la Ciudad para la transferencia.

"Ademas de los temas puntuales planteados desde hace años, señalamos el riesgo de que este traspaso y el nombramiento futuro de magistrados obedezca a razones políticas", sostuvo la entidad en un comunicado. "En el mismo sentido, advertimos la gravedad de enjuiciar y expulsar a esos magistrados con la mayoría simple de los miembros del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, conforme las normas allí vigentes", agregó.

"Esta estabilidad precaria conspira sin duda contra el derecho de los habitantes de la ciudad a ser juzgados, acusados y defendidos por magistrados realmente independientes, resultando irreal que dicho traspaso pueda mejorar el servicio que a ellos se les presta, ya que seguirá siendo el mismo número de personas que en el mismo territorio atenderá idéntica cantidad de causas penales", concluyeron desde la entidad.