"El gremio de los celadores de los colegios de Mendoza no tiene personería jurídica... ¡y le queremos dar poder al sindicato de los presos!", se indigna Daniel Cassia, diputado provincial y vicepresidente de la Comisión Bicameral de Seguridad, que se encarga precisamente de hacer el control y seguimiento de las políticas en el área.

Hay polémica en la provincia. Juan Pablo Rodríguez, jefe de la Unidad de Producción Penitenciaria (UPP), adhirió al reciente pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal en el sentido de que los reclusos deben gozar de los mismos derechos laborales que los trabajadores en libertad. En opinión del funcionario mendocino, los presos, en tanto personas, son sujetos de derecho como cualquier otro ciudadano y deben recibir la misma remuneración por igual tarea que el resto de los asalariados.

En Mendoza, existe un programa por el cual algunos reclusos salen de la prisión para trabajar en empresas privadas, mientras que otros realizan tareas en el interior del penal.

Este pronunciamiento del jefe de la UPP se suma al pedido que hace unas semanas hicieron varios fiscales de la provincia, para que se revean los criterios de procesamiento y condena a fin de facilitar las excarcelaciones (ver documento completo al pie de esta nota).

   

Fundan su planteo en el hacinamiento carcelario. Alegan que en los últimos años se ampliaron los criterios para decretar prisiones preventivas, lo que provocó un desmedido aumento del número de personas que esperan su juicio en la cárcel. Los fiscales mendocinos se inspiran en informes elaborados por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), entidad creada por el kirchnerismo en 2013 y que saltó a la fama en octubre de ese año, al presentar un proyecto de ley que fijaba un "cupo" de internos para cada cárcel a partir del cual sería obligatorio conceder libertades anticipadas y detenciones domiciliarias.

Un informe de esta Procuraduría sostiene que, entre diciembre de 2012 y agosto de 2014, la cantidad de detenidos en Mendoza aumentó en un 46% y que de la totalidad de internos un 78% cumple prisión preventiva a la espera de un juicio.

Siguiendo a la Procuvin, los fiscales denuncian que esta sobrepoblación carcelaria se debe a la "falta de agilidad en los mecanismos de libertad anticipada" y a la "aplicación de criterios severos para el dictado de (la preventiva) durante el proceso", entre otros factores, y señalan que ello redunda en "la violación a los derechos humanos de las personas privadas de libertad".

Lo llamativo es que el pedido no lo hacen los defensores oficiales sino los fiscales, es decir la parte acusatoria, los responsables de perseguir el delito. La nota de los fiscales está dirigida a los camaristas federales, concretamente a Juan Antonio González Macías, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, encargada de revisar las condenas de personas procesadas por narcotráfico, trata de personas y contrabando, es decir, delitos federales.

Fuentes vinculadas a los jueces federales de Mendoza dijeron a Infobae que las preventivas cuestionadas no responden a un criterio más o menos benigno, sino que se enmarcan en los criterios que fija la ley (peligrosidad del detenido, calificación del delito, antecedentes, arraigo...) y fueron además confirmadas por la Cámara de Apelaciones. Por otra parte, destacaron que el 80% de las causas en ese fuero son por narcotráfico, mientras que el 20% restante se vinculan a contrabando, secuestro extorsivo o trata de personas; es decir delitos que configuran alta peligrosidad para la sociedad.

El presidente de la Cámara, González Macías, destinatario del reclamo, fue tajante: "Los fiscales piden excarcelaciones adhiriendo a la postura de la defensa, pero cuando encontramos personas que no se adecuan a derecho, no le damos la excarcelación".

   

El diputado Daniel Cassia explicó a Infobae por qué hay más detenidos en su opinión: "Se endurecieron las condiciones porque algunos actores de la sociedad civil iniciamos jury de enjuiciamiento a jueces y a miembros de las cámaras de apelaciones por el motivo contrario: eran demasiado flexibles en la aplicación de excarcelaciones, prisión extramuros, libertades anticipadas. Acompañando a las víctimas, iniciamos estos procesos y demostramos con nombre y apellido, legajo por legajo, la ligereza con la cual se otorgaban esos beneficios".

Cassia admite que las cárceles colapsan. Pero recuerda que en el año 2008 la legislatura provincial le dio al gobernador de entonces, Celso Jaque, la posibilidad de declarar la emergencia en seguridad para facilitar la construcción de 4 módulos penitenciarios regionales con capacidad para 500 internos cada uno. "Ya estaban elegidos los terrenos en 4 jurisdicciones –cuenta- y sólo faltaba la declaración de emergencia. No se hizo, y nunca se ampliaron las cárceles".

En cambio, lo que sí se logró fue "endurecer el régimen de excarcelaciones y modificar la ley de ejecución de penas, y eso lógicamente implicó un aumento del número de internos y encierros más largos", explica Cassia, que teme que ahora, con esta contraofensiva de los fiscales con respaldo de la Procuvin desde Nación, se dé marcha atrás en estas medidas que surgieron como respuesta a la ola de inseguridad que, cono al resto del país, afectó a esa provincia (ver video al pie de esta nota, marcha de reclamo por la muerte de Lucas Arias, un joven de 22 años, en julio pasado).

"Cuando los jueces vieron que nuestras demandas prosperaban, empezaron a aplicar la ley como se debe, dice. Además logramos promulgar una ley conocida como 'la tercera es la vencida', por la cual, aunque el delito cometido permita la excarcelación hasta el juicio oral, a la tercera vez el beneficio se pierde".

Es decir, tener en cuenta la reincidencia. "Acá la interpretación que tenía la mayoría de los jueces es que la reincidencia equivale a una doble condena. O que es inconstitucional. Pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya falló en sentido contrario: la reincidencia no es inconstitucional", advierte Cassia.

"Estoy promoviendo que un porcentaje del sueldo de los presos sea para reparar a sus víctimas y para su manutención en la cárcel"

"En el momento en que logramos esa modificación, había delincuentes que en 6 ó 7 años, habían acumulado hasta 15 excarcelaciones y más, por delitos como robo o hurto", recuerda.

El diputado sostiene que "el camino para resolver el hacinamiento es construir más infraestructura, pero no se hicieron nuevas cárceles, no hay tecnología, ni planes serios de resocialización".

En cuanto al tema de los derechos laborales, del total de 4.100 internos que hay en la provincia, sólo una pequeña minoría, el 10%, trabaja. "La provincia no tiene cómo darles trabajo a todos. Y encima darles aguinaldo, vacaciones... ", dice Cassia.

"Yo estoy promoviendo que un porcentaje de la remuneración de los presos sea destinado a reparar los daños a sus víctimas y otra parte para el gasto de mantenimiento. Cada preso le cuesta al gobierno provincial 11.000 pesos por mes", concluye.