Los fiscales federales

Gerardo Pollicita

El pedido de la fiscalía cursado este lunes ante el juez federal Julián Ercolini se suma a los de los querellantes en la causa. Ahora procede que el juez pida la opinión a las defensas para luego mandar el caso a sorteo de un tribunal oral.

Cristina ya fue enviada a juicio oral por la venta de dólar futuro al final de su gobierno, que investigó el juez federal Claudio Bonadio. En la causa que instruye Ercolini, la ex presidenta fue procesada el 27 de diciembre del año pasado por asociación ilícita y administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública, con un embargo de 10.000 millones de pesos.

Además están procesados De Vido, López, el primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, y el ex titular de Vialidad Nelson Periotti, por contratos de obra pública adjudicados a la empresa de Báez en Santa Cruz por 46.000 millones de pesos.

Según los fiscales que este lunes pidieron llevar el caso a juicio, esas concesiones habrían sido compensadas con sobornos. El mecanismo de pago de los mismos se investiga por separado (Hotesur y Los Sauces).

Ahora, el juez

En total, se relevaron 52 contratos con irregularidades que habrían incluido sobreprecios y pago de sobornos a la familia presidencial, según el dictamen fiscal. Ercolini está a cargo de esta investigación que, según directivas de la Cámara Federal porteña, podría ser ventilada en juicio oral como parte de una megacausa, junto con las ya mencionadas que involucran a las inmobiliarias Hotesur y Los Sauces.

El propio Ercolini, que también investiga a esas dos empresas, en el caso de Hotesur debe definir las etapas procesales de Cristina y los demás indagados, mientras que en Los Sauces ya están procesados también por asociación ilícita la ex presidenta y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, entre otros.

El procesamiento de la ex presidenta por la obra pública en Santa Cruz fue confirmado por la Sala I de la Cámara Federal porteña, que consideró probada la existencia de una asociación ilícita entre mayo del 2003 y diciembre de 2015, formada para "cometer delitos, apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz".

Según la acusación, hubo un entramado delictivo ideado "desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo y concretado a través de diversos actos", como la "designación de funcionarios afines, canalización de fondos públicos hacia la provincia de Santa Cruz, realización de obras por convenio con delegación de facultades de Vialidad Nacional y procesos licitatorios irregulares".