Desde este lunes y por primera vez, el ex vicepresidente Amado Boudou se sentará en el banquillo de los acusados para enfrentar un juicio oral y público por presunta "falsedad ideológica". Se lo imputa de haber puesto datos falsos en la transferencia de un automóvil, delito que prevé hasta seis años de prisión.

A partir de las 9, en una de las salas de la planta baja de los Tribunales de Comodoro Py, Boudou comenzará a ser juzgado por el Tribunal Oral Federal 1. Es la primera de las causas en su contra que llegó a juicio oral, pese a que ya está procesado por otros hechos de corrupción durante su paso por la función pública en gobiernos kirchneristas, como por ejemplo la causa por la ex Ciccone Calcográfica, en tiempos en que era ministro de Economía de la Nación.

Allí está acusado por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho.

El ex vicepresidente y actual dirigente de la corriente Patria Para Todos (PPT) -que integra junto al ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto y al referente de Quebracho Fernando Esteche- será juzgado junto a otros implicados en la maniobra, entre ellos su ex novia Agustina Seguín, también procesada por "falsedad ideológica", informaron fuentes judiciales.

De acuerdo con la investigación, se pusieron datos falsos en la transferencia de un vehículo Honda convertible rojo modelo CRX, dominio B 2.423.822, modelo 1993.

También serán juzgados a partir de este lunes María Graciela Taboada de Piñero, quien estaba a cargo del Registro de la Propiedad Automotor 2 de la ciudad de Buenos Aires, y los gestores Andrés Soto y Rodolfo Basimiani y Seguín.

Todos ellos están acusados por haber actuado asociados "para transferir de manera irregular, mediante documentación falsa" el automóvil.

El Tribunal que juzgará a Boudou y los demás procesados está integrado por Gabriel Vega, José Michilini y Adrián Grünberg.

La acusación estará a cargo de la fiscal Stella Maris Scandura, quien después del desfile de testigos definirá su acusación y, eventualmente, el pedido de penas.

Este juicio oral y público se confirmó luego de que la Cámara Federal de Casación rechazara un pedido de suspensión a cambio de tareas comunitarias ("probation"), que había hecho uno de los gestores.

La causa fue investigada por el juez federal Claudio Bonadio, quien procesó a todos los acusados y los envió a juicio oral.