La semana comenzó con un nuevo escándalo judicial. Curiosamente, uno que supera la grieta que divide a kirchneristas y macristas. Las revelaciones de la investigación sobre el esquema de corrupción de la empresa Odebrecht, el gigante brasileño que tuvo numerosos contratos de obras públicas en toda América latina, tocaron un tema por demás sensible en la justicia nacional: el soterramiento del tren Sarmiento.

La obra, anunciada en incontables ocasiones, nunca se completó. Su costo millonario y la dificultad exigida (una máquina tuneladora trabajando día y noche durante meses) lo dificultaron.

El kirchnerismo hizo varios amagos, y otorgó las tareas a una unión transitoria de empresas (UTE) conformada por la propia Odebrecht, junto a una firma italiana (Ghella) y un contratista local. Allí aparece la firma Iecsa, propiedad nada menos que de Angelo Calcaterra, el primo del actual presidente Mauricio Macri.

Entre denuncias y complicaciones, los trabajos avanzaron mínimamente y luego quedaron paralizados. A poco de asumir, Macri le pagó todo lo exigido a su primo Angelo, y reanudaron la obra (el kirchnerismo exigía, como en otras licitaciones, mostrar avances antes de hacer nuevos depósitos).

Brasil amenaza

Este lunes, el velo sobre las delaciones premiadas en Brasil (es decir, el testimonio de los arrepentidos que señalan delitos cometidos) comenzó a correrse. Se abrió una caja de Pandora cuyo contenido podría poner en jaque a todo el sistema político argentino.

Un medio de San Pablo publicó los documentos obtenidos en la computadora de Mauricio Couri Ribeiro, ejecutivo de Odebrecht en la Argentina durante gran parte del kirchnerismo. Allí se consigna que Javier Sánchez Caballero, un gerente de Iecsa (ascendido luego a CEO), era el contacto para el pago de coimas en el país.

Otros testimonios del caso permitieron descubrir el código con el que se anotaban los pagos ilegales: DGI. En uno de los cinco mails de Couri Ribeiro sobre el Sarmiento, dice expresamente: “Reunión junio de 2010. Sánchez Caballero. Contacto directo por DGI”.

El responsable de gestionar los pagos de Odebrecht era el ejecutivo Fernando Migliaccio, quien también ayudó en 2010 a Couri Ribeiro a destrabar un sospechoso pago a Manuel Vázquez, testaferro y asesor del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. En febrero de 2010, Vázquez reclamó al representante de Odebrecht en Buenos Aires, Couri Ribeiro, el pago de 80.000 dólares. Para los investigadores brasileños, se trata de una coima en el marco del soterramiento del ferrocarril Sarmiento.

En nuestro país, el juez Julián Ercolini investiga si los documentos publicados en Brasil refieren a delitos cometidos en Argentina.

Este lunes, el fiscal federal Guillermo Pollicita pidió que mediante exhorto Brasil informe si Odebrecht cometió delitos en connivencia con funcionarios argentinos y empresas como Iecsa, de Angelo Calcaterra.