El Consejo de la Magistratura confirmó que el Ministerio de Trabajo promovió el juicio político contra dos camaristas del fuero laboral, Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, quienes avalaron la paritaria de los trabajadores bancarios.

Ambos expedientes fueron impulsados ayer por la cartera laboral y quedaron registrados con los números 14 y 15/17 de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo.

El jueves próximo, la Comisión se reunirá en su habitual sesión semanal y resolverá, por sorteo, qué consejero se hará cargo de la instrucción de la denuncia.

Voceros del Consejo confirmaron que el pedido de juicio político se fundamenta en la “interpretación” que los camaristas hicieron respecto de los alcances y aplicación de la paritaria bancaria, cuyo incumplimiento estuvo a punto de derivar en un paro de 72 horas la semana pasada.

Gibert y Marino dispusieron durante la feria judicial de enero una medida que avaló el acuerdo que los gremios habían firmado con la corporación de los bancos privados Adeba, los públicos Abappra y los extranjeros ABA, que no estaban de acuerdo con sus términos.

Al respecto, Arias Gilbert, aseguró que "los jueces no pueden ser juzgados por sus sentencias” y aclaró: "Yo fallo a favor del Derecho. Estoy obligado a aplicar la Ley le guste a quien le guste, si no, desaparecería la división de Poderes. En tal caso, sería policía del pensamiento”, enfatizó.

En declaraciones a Radio Diez, el magistrado criticó a Triaca y al oficialismo: "No es republicano que un ministro me enjuicie porque no le gusta lo que opino”.

Además, justificó y defendió su accionar: "si las patronales que firmaron el acuerdo están decidiendo no pagarlo al día siguiente de firmarlo -que fue la situación con la que me encuentro- se está preparando un conflicto salvaje, y eso fue lo que se trató de evitar” y, agregó: "Lo que hice fue darle 10 días para que inicien una causa y, mientras tanto, no innovar. Lo importante era desactivar un conflicto que venía de frente. Fue una resolución que escribimos en lenguaje muy claro. Quien incumple la Constitución es el Estado cuando se arroga facultades que no le son propias”.

Para finalizar, el camarista sentenció: "Es la primera vez que me pasa esto desde que soy juez, en 1989. Los jueces no pueden ser juzgados por sus sentencias", insistió.