La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner concurrió este martes al Juzgado Federal de Río Gallegos para ratificar la denuncia penal que hiciera el jueves último por las escuchas difundidas de una conversación teléfonica suya con el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli. 

La ex mandataria llegó a la sede judicial ubicada en la calle Zapiola y San Martín, de Río Gallegos, acompañada por cuatro custodios y por el abogado Marcelo Bersanelli. 

Fuentes judiciales consignaron que la ex mandataria había sido citada para este martes para que ratificara la denuncia presentada el jueves último a raíz de la difusión de una conversación telefónica en la que se hacía referencia a las causas iniciadas durante su gestión contra el ex espía Antonio “Jaime” Stiuso. 

Este martes, la ex Presidenta permaneció en el juzgado durante 15 minutos y, en ese lapso, no se permitió el ingreso de nadie a la sede judicial. El edificio estaba custodiado por personal de Prefectura y permanece en feria hasta mañana.  

El audio que derivó en la denuncia presentada por Cristina Fernández de Kirchner forma parte de las escuchas judiciales dispuestas en el marco de una causa que tramita en el juzgado federal encabezado por Ariel Lijo, que investiga si existió de manera deliberada inacción por parte de la gestión kirchnerista en la búsqueda del entonces prófugo empresario farmacéutico Ibar Pérez Corradi, investigado como presunto autor intelectual del denominado triple crimen de General Rodríguez. 

En la conversación telefónica que trascendió en los medios, la ex mandataria hace referencia a las causas “armadas” contra Stiuso pero luego, inmediatamente, se corrige y dice “que denunciamos”. 

La denuncia de la ex mandataria fue por los presuntos delitos de “violación de la privacidad”, “abuso de autoridad”, “violación de los deberes de los funcionarios públicos” y “malversación de caudales públicos”. 

Además, en la presentación que realizó el jueves pasado -ratificada en esta jornada- Cristina Fernández de Kirchner aseguró ser, desde que dejó la Presidencia, objeto “una feroz campaña de persecución política, mediática y judicial” en su contra, en la que involucró al Poder Ejecutivo Nacional.