El 2017 será un año clave en la política argentina. Y la provincia de Buenos Aires, con su inmenso caudal de legisladores nacionales y su relevancia en el escenario nacional, será la madre de todas las batallas.

Por eso, la renuncia de ayer de la jueza Romilda María Servini al juzgado federal Nº1 de La Plata, con competencia electoral en toda la provincia, anticipa una lucha por un lugar clave, que no estará exento de polémicas. La salida de la magistrada, que también controla la justicia electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y numerosas causas judiciales de alto impacto político, se da en el marco del avance del oficialismo para designar en ese mismo cargo al juez Juan Manuel Culotta.

Dudas al por mayor
Indignada, Servini ayer dio un portazo y dejó oficialmente vacante su silla, para la cual el oficialismo ya tenía pensado un sucesor.

Las objeciones contra la llegada de Culotta al juzgado donde se aceptarán o rechazarán cada queja y denuncia contra las decisiones formales de los partidos políticos en la provincia de Buenos Aires, son tres. Por un lado, su paso como ex alumno del colegio Cardenal Newman, el mismo en el que estudió el Presidente. Dicen que nunca se conocieron.

El segundo punto es más complejo, pero salvable. El oficialismo, a lo largo de todo 2016, evitó impulsar en el Consejo de la Magistratura el concurso correspondiente para designar al titular de dicho juzgado. Para hacerlo, se debía conformar un tribunal de jurados, presentar candidatos y evaluarlos. El procedimiento, aseguran quienes conocen de esas internas, se demoraría cerca de un año. Si no se avanzó durante 2016, hacerlo en 2017 sería decididamente una batalla abierta.

Por eso, aseguran en Cambiemos, no se realiza el procedimiento correspondiente para designar a Culotta en reemplazo del fallecido Manuel Blanco, en diciembre de 2014.

El tercero apunta a sus antecedentes. Desde Abuelas de Plaza de Mayo recordaron el pasado de Culotta en un juicio de lesa humanidad. Allí, según la denuncia de la organización, tergiversó evidencias y ocultó otras para favorecer al acusado, el ex jefe del Ejército Eduardo Alfonso.

El juez también tuvo una investigación sobre narcotráfico que implicaba a Pedro Tomás Viale, el espía conocido como El Lauchón, y fue quien ordenó el allanamiento en el que el agente -cercano a Antonio “Jaime” Stiuso- terminó muerto por los disparos del Grupo Halcón.