Trabajadores de juegos de azar, hipódromos, loterías provinciales y Lotería Nacional comenzaron este lunes con un paro nacional de actividades por tiempo indeterminado, en rechazo al tratamiento del proyecto de ley para modificar el impuesto a las Ganancias que propone gravámenes al juego y que, según denuncian desde el sector, "desencadenará despidos".

Como parte de la medida de fuerza, que alcanza a bingos, casinos, actividades hípicas, loterías provinciales y juegos de quiniela y poceada de la Lotería Nacional, este martes a las 14 habrá una multitudinaria marcha nacional hacia el Congreso, donde la Cámara de Diputados debatirá las iniciativas sobre cambios en el impuesto a las Ganancias.

"Hay muchos gobernadores preocupados por esta medida, porque con este paro sus administraciones dejarán de percibir cientos de millones de pesos que destinan al pago de salarios estatales, docentes y fuerzas de seguridad", afirmó en un comunicado Ariel Fassione, secretario gremial del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar (Aleara).

El dirigente explicó que "el sector ya paga el 60 por ciento de ingresos en impuestos, sin contar las cargas sociales, e inevitablemente cualquier nueva modificación desencadenará despidos".

"Cuando uno va con 100 pesos a un bingo debe saber que el 60 por ciento se lo lleva directamente el Estado, a través del canon, ingresos brutos, tasas municipales y entidades de bien público, y de lo que queda se pagan salarios y los premios, con un control online minuto a minuto por parte de las loterías", agregó.

Posteriormente, en diálogo con radio La Red, Fassione remarcó que "hay un profundo desconocimiento de toda nuestra industria, que pone en riesgo la continuidad laboral de más de 12.000 compañeros".

La medida de fuerza fue realizada en conjunto con afiliados a la Asociación de Personal de Hipódromos, Agencia de Apuestas y Afines de la República Argentina (Aphara) y de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra).

En el comunicado, Fassione sostuvo que "todos queremos que se pague lo que corresponde", aunque dijo que "no podemos meter a todos en la misma bolsa y mucho menos intentar que el juego sea la única industria que deba hacerse cargo de arreglar los problemas económicos del país".

Por último, afirmó que si el Congreso aprueba que se imponga un nuevo impuesto por cada apuesta y además se tenga que pagar por año 40.000 pesos por cada máquina tragamonedas o receptora de apuesta de quinielas, "el resultado será el inverso al buscado, porque cerrarán salas, habrá miles de despidos y el Estado recaudará mucho menos que actualmente".