8 de octubre de 2016
El gobierno de Santos y las FARC trabajarán en un nuevo acuerdo
En la jornada que se conoció el premio Nobel de la Paz para el mandatario, su gobierno y los dirigentes del movimiento guerrillero acordaron trabajar en un nuevo acuerdo. Se prometieron un proceso "rápido y eficaz".
El gobierno de Colombia y las FARC formalizaron su decisión de abrir una nueva etapa de discusiones sobre la base de los cuestionamientos presentados al acuerdo de paz rechazado el pasado domingo en un plebiscito y se propusieron un proceso “rápido y eficaz”, justo en la misma jornada en la que el presidente Juan Manuel Santos logró el Premio Nobel de la Paz.
"En el marco de las facultades presidenciales que otorga la Constitución Política es conveniente que sigamos escuchando, en un proceso rápido y eficaz, a los diferentes sectores de la sociedad para entender sus preocupaciones y definir prontamente una salida" de la situación creada tras el plebiscito, dijeron las partes en un comunicado conjunto.
Señalaron, además, que “las propuestas de ajustes y precisiones que resulten de ese proceso” serán discutidos entre el Gobierno y la guerrilla “para dar garantías a todos".
El texto, un pronunciamiento de cinco puntos, fue leído en La Habana por los jefes negociadores del Ejecutivo, Humberto de la Calle, y de los insurgentes, Iván Márquez, e incluye también el compromiso de mantener el cese el fuego bilateral.
Después del No a los acuerdos, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, convocó a los líderes de los partidos políticos que se opusieron al texto del entendimiento para buscar una fórmula capaz de salvar el proceso de paz.
Los ex presidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, principales impulsores del rechazo, le presentaron una serie de objeciones y correcciones para introducir en los acuerdos y Santos estuvo de acuerdo en abrir una nueva discusión sobre esos puntos.
Entre las objeciones de los promotores del No al acuerdo está que los líderes de las FARC no puedan tener representaciones políticas y la rediscusión de las penas que deberá definir la Justicia Transicional.
Tras deliberaciones en La Habana, el gobierno y las FARC llegaron a la redacción de un documento en el que aceptan que "quienes participaron en el Plebiscito del pasado 2 de octubre se pronunciaron mayoritariamente a favor del No, así fuera por estrecho margen".
"Para afianzar este cese al fuego hemos acordado un protocolo, dirigido a prevenir cualquier incidente, en zonas de pre-agrupamiento en los cuadrantes definidos y asegurar un clima de seguridad y tranquilidad con la plena aplicación de todas las reglas que rigen el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo", dice el documento.
Las partes le pidieron a la ONU -y más puntualmente al Consejo de Seguridad- que autorice a la Misión de la organización a “ejercer las funciones de monitoreo, verificación, resolución de diferencias, recomendaciones, reportes y coordinación del Mecanismo de Monitoreo y Verificación previstas en la Resolución 2226 (2016) en referencia al mencionado protocolo".
Ayer, la cúpula de las FARC emitió una orden para despejar la zona del Diamante, en el sureño departamento de Caquetá, donde se concentró el mayor poder de la organización durante la última conferencia del grupo guerrillero.
Los diarios locales enviaron a la zona a sus cronistas, quienes fueron testigos de la movilización de miembros de las FARC hacia sus antiguos campamentos en zonas selváticas.
El comunicado conjunto se dio a conocer apenas un par de horas después de que se anunciara que el presidente Santos había sido galardonado con el Premio Nobel de La Paz.