POLITICA
24 de febrero de 2016
Herencia K: flota de 46 mil celulares y deuda de 400 millones de pesos
El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, ordenó una revisión para determinar cuántas de las líneas móviles corresponden a actuales funcionarios
La cantidad de líneas telefónicas que se encuentran bajo la órbita del Estado precoupa a la administración de Mauricio Macri. El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, había informado que durante el gobierno de Cristina se pagaban, desde distintos organismos estatales, 46 mil líneas de celulares. Entre 2013 y 2015, junto con 14 mil fijas, generaron una deuda de 400 millones de pesos.
Semanas atrás, tras anunciar que presentaría un Plan de Modernización del Estado, Ibarra se había referido a la existencia de este descontrol. Es que aún resta determinar cuál es el total de los dispositivos que pertenecen al Estado, quiénes son sus actuales usuarios de esas líneas, cuántas de ellas fueron devueltas el último día de la gestión del gobierno anterior y cuántas quedaron en manos de ex funcionarios.
SE DARÁN DE BAJA LAS LÍNEAS QUE NO CORRESPONDAN A FUNCIONARIOS
En este sentido, Ibarra informó en conferencia de prensa que se exigiría a cada uno de los ministerios que indiquen, antes de fin de mes, a quién corresponden las líneas asignadas actualmente. En caso de que alguno de esos números no corresponda a ningún funcionario o no se justifique el uso, la línea en cuestión tendrá un período de gracia de quince días solo para llamadas entrantes, y luego de eso se darán de baja. Tras el análisis, y en base a las supuestas irregularidades, los funcionarios no descartan aportar material para una eventual judicialización del tema.
Según publicó Clarín, unas 4 mil del total de líneas móviles contratadas pertenecen al área de ferrocarriles, dentro del Ministerio del Interior y Transporte. Lo más sorprendente: 1.300 de esos usuarios son personas fallecidas.
Asimismo, en el marco de esta auditoría se evaluarían los montos de consumo, que en algunos sectores rondan una cifra fuera de lo común. Es el caso de 200 líneas, contratadas en la ANSES, el PAMI, la empresa estatal AySA y el Ministerio de Desarrollo Social, cuyo costo mensual va desde 100 mil al millón de pesos.
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