27 de febrero de 2025
La fiscalía rumana abrió una investigación sobre el populista de extrema derecha que ganó las presidenciales anuladas
Calin Georgescu fue detenido para ser interrogado. Los cargos incluyen financiación ilegal de campaña y apoyo a organizaciones fascistas, mientras cientos de seguidores protestan exigiendo su liberación
>La fiscalía rumana inició el miércoles una investigación penal contra un populista de extrema derecha que ganó la primera vuelta en unas elecciones presidenciales anuladas el año pasado, acusándole de abusos en la financiación de la campaña electoral, apoyo a grupos fascistas y otros delitos.
El Tribunal ConstitucionalRápidamente surgieron acusaciones de injerencia rusa y violaciones electorales.
Los fiscales también dijeron que se le acusa de “fundar o apoyar organizaciones fascistas, racistas, xenófobas o antisemitas, así como de promover públicamente a criminales de guerra e ideologías extremistas”.Cientos de simpatizantes se reunieron frente a la fiscalía, ondeando la bandera de Rumanía y coreando: “¡Liberad a Georgescu! >El primer ministro rumano, Marcel Ciolacu, declaró en X: “El poder judicial es independiente y la ley debe aplicarse con independencia de las personas”.
La primera vuelta de la repetición de las elecciones está prevista para el 4 de mayo. Si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos, se celebrará una segunda vuelta el 18 de mayo.
No estaba claro si Georgescu podrá participar en la votación.Su interrogatorio se produjo mientras la policía llevaba a cabo 47 registros en cinco condados de Rumanía, supuestamente relacionados con algunos de los socios de Georgescu. Los fiscales dijeron que las acusaciones contra ellos incluían “declaraciones falsas sobre las fuentes de financiación” de una campaña electoral, posesión ilegal de armas e iniciar o establecer una organización “de carácter fascista, racista o xenófobo”.La actual administración Trump ha criticado a Rumanía por anular las elecciones presidenciales del año pasado, y el vicepresidente JD Vance ha alegado que el fallo del tribunal se basó en “sospechas endebles” y en la “enorme presión” de los vecinos de Rumanía.
