>La Fiscalía de Guatemala pidió este miércoles a la Corte Suprema el retiro de la inmunidad al presidente, Bernardo Arévalo de León, en lo que representa un nuevo capítulo en los cruces entre el oficialismo y la oposición en el país. La solicitud surgió a raíz de una denuncia del bando disidente por supuestos pagos “ilegales” a constructoras, por lo que se acusa al mandatario de abuso de autoridad, usurpación de atribuciones y resoluciones violatorias a la Constitución.

El funcionario presentó el audio de una conversación de mayo entre el Presidente y la ex ministra de Comunicaciones Jazmín de la Vega, en la que el mandatario le notifica a la mujer de su destitución por no haber cumplido con una orden de pagar a empresas, conforme a un listado acordado -que, aseguran, contiene sumas millonarias provenientes de contratos con estas firmas corruptas-.

La conversación fue confirmada por el propio Arévalo de León, quien desmintió que estuviera hablando de una trama ilícita y, por el contrario, explicó que se trató de los listados que se elaboran para pagar una vez verificada la ejecución de las respectivas obras. “Los disparates del señor Curruchiche no tienen cabida en ninguna acción penal”, sostuvieron, por su parte, desde la Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia en respuesta al pedido.

De todas formas, un amplio sector del país entendió la noticia como un cruce más entre los bandos, que llevan desde 2023 enfrentados por el control del país, luego de que el ex presidente, Alejandro Giammattei, fuera derrotado en los comicios.

En los meses previos y posteriores a las elecciones, a pesar de la fuerte presión de la comunidad internacional, Consuelo Porras y Curruchiche, entre otros, lanzaron varias investigaciones contra el partido Movimiento Semilla, ordenaron allanamientos a sus sedes y encabezaron otros actos de intimidación, en un intento por impedir la transición electoral. Nada de ello, sin embargo, consiguió impedir la investidura.

(Con información de AFP)