23 de julio de 2024
La Inspección General de Justicia aprobó una SRL cuyo capital fue aportado en criptomonedas
Los criptoactivos fueron directamente transferidos entre billeteras digitales de la compañía y uno de sus socios, para constituir una parte del capital social
Pablo Palazzi, socio de Allende y Brea, explicó a Infobae que cuando se aportan bienes en especie, como terrenos o inmuebles, es necesario realizar una valoración de dichos bienes mediante un estudio contable y luego transferirlos a la sociedad. No obstante, al tratarse de criptomonedas, el procedimiento fue diferente: abrieron dos billeteras digitales, una personal en Lemon y otra para la sociedad en Ripio, y realizaron la transferencia del capital a través de éstas.
Para asegurar la transparencia y cumplir con los requisitos legales, el experto explicó que contaron con la colaboración de un contador y un notario. “El contador certificó el valor de las criptomonedas en el momento de la transferencia, basándose en los datos de la página de Ripio, mientras que el notario verificó la existencia de la cuenta y la transferencia en sí”, explicó el experto en derecho y tecnología a Diario Judicial.
El acta elaborada por el escribano señala: “...fijan el capital de la Sociedad en la suma de quinientos cincuenta mil pesos ($550.000) representado por cincuenta y cinco mil (55.000) cuotas de diez pesos ($10) pesos a valor nominal y un (1) voto cada una, de las cuales son totalmente suscriptas por los socios en las siguientes proporciones: .... suscribe un total de cuarenta y nueve mil cien (49.100) cuotas de diez ($10) pesos valor nominal cada una, y .... suscribe un total de cinco mil novecientos (5.900) cuotas de diez pesos ($10) valor nominal cada una, integrando en el acto ambos socios el total capital social, en proporción a sus respectivas suscripciones. Que en virtud de la integración del socio .... consiste, en parte, en el aporte en especie de criptomonedas según el siguiente detalle: la suma de 0.00457621 bitcoins (BTC) y la suma de 195 USD coins”.“Es muy positivo para la Argentina tener una Inspección General de Justicia con asesores, autoridades y un Inspector como el Dr. Daniel Roque Vitolo que están a la altura de los desarrollos tecnológicos actuales y facilitan el uso de los mismos mediante normativas innovadoras que son pioneras en América Latina y en el mundo”, expresó Pablo Palazzi en las redes sociales.
“Esta medida no solo impulsa el desarrollo del ecosistema cripto al introducir un nuevo sistema de adopción, sino que también fomenta un ambiente seguro y confiable para la inversión y operación con activos digitales”, consideró.
A partir del dictado de la Ley 27.739, los Registros de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) “tienen un rol fundamental en el sistema de prevención de lavado de activos. Ahora, con la modificación introducida por IGJ, también se constituyen en un medio para garantizar la intangibilidad del capital social”.