ACTUALIDAD
9 de junio de 2015
Sindicalistas llevan adelante un nuevo paro
Es la quinta huelga nacional que gremialistas le hacen a la administración kirchnerista en los últimos tres años y medio. El abanico de reclamos para fundamentar la medida es extenso y repetido: adecuación en los sueldos del impuesto a las Ganancias, actualización del salario mínimo y precarización, entre otras cosas
Con la última campanada de la medianoche, arrancó el quinto paro general de actividades que el sindicalismo opositor le hace a la administración de Cristina Kirchner en los últimos tres años y medio, para cuestionar el modelo socioeconómico vigente.
Con eje en los altos porcentajes de inflación, el abanico de reclamos para fundamentar la huelga es extenso, variado y repetido: eliminación o adecuación en los sueldos del impuesto a las Ganancias, actualización del salario mínimo vital y móvil, aumento de emergencia para los jubilados, precarización e informalidad laboral (trabajo en negro) y devolución de fondos a las obras sociales sindicales.
A este serie de demandas, que se remontan a todos los paros anteriores, se incorporó esta vez como prioritaria la exigencia de paritarias libres, sin la imposición de "techos" por parte del Gobierno a los incrementos que negocian sindicalistas y empresarios para mejorar los sueldos.
Por expresa orden de la Presidenta, su ministro de Economía, Axel Kicillof, determinó que las subas que se pacten este año no deberán sobrepasar el 27 por ciento si quieren ser homologadas. Convalidar eso, afirman los gremios anti K, sería resignarse a un duro revés para el poder adquisitivo de los trabajadores, que corren de atrás con la suba de precios.
Con esas banderas de queja, convocan al paro las centrales sindicales de Hugo Moyano, la de Luis Barrionuevo y la rama combativa de la CTA de Pablo Micheli. Sin embargo, el papel protagónico de la protesta volverá a recaer sobre las anchas espaldas del bloque donde se nuclean los gremios del transporte.
De la disciplina que exhiban esas organizaciones para desactivar los medios de locomoción, sea de pasajeros o de mercancías, dependerá fundamentalmente el éxito de la medida de fuerza. En la huelga anterior, el transporte no funcionó y la adhesión - voluntaria o no- terminó siendo de casi un cien por ciento.
El panorama para hoy pinta igual que el paro del 31 de marzo. Se descuenta entonces que habrá desolación en calles y lugares de trabajo: no habrá colectivos, trenes ni subtes. Tampoco funcionarán los servicios de ómnibus de media y larga distancia. Se descartan asimismo por completo vuelos, actividad en los puertos y la provisión de servicios como recolección de basura, transporte de caudales y provisión de combustible o alimentos.
Así, los que quieran concurrir a sus empleos (especialmente si les descuentan el presentismo), deberán valerse de autos y motos particulares, taxis o remises. La otra es caminar o usar la bici.
En medio de la parálisis generalizada, donde se descuenta que habrá intensa actividad -hasta el mediodía por lo menos- es en el ramillete de piquetes que distintas organizaciones sociales y activistas de izquierda van a distribuir en los accesos más concurridos a la Capital, y en las rutas de ingreso a las principales ciudades del país.
También han prometido plantarse frente a "algunas fábricas y empresas de origen estadounidense". La CGT reconocida por el Gobierno, la del metalúrgico Antonio Caló, desconoce el llamado a la huelga. Pero en ningún momento de la previa, los referentes de la central oficialista salieron a desautorizar el reclamo de sus pares, como sí ocurrió en otras oportunidades.
Ahora, asumieron la actitud de quien mira para otro lado. La posición del Gobierno es unánime: el paro es político, dicen, sin hacerse cargo de ninguno de los reclamos que le hace medio sindicalismo. Más, muchos catalogan al paro como una maniobra de neto corte electoralista, aunque sin precisar cuál de los candidatos presidenciales de la oposición podría llevar agua para su molino con esta medida.
De todos los que pretenden sentarse en el sillón que hoy ocupa la doctora Kirchner, el único que habló del tema es el kirchnerista Florencio Randazzo. Salió duro: insinuó que el choque de trenes estaba conectado con el paro y afirmó que los sindicalistas desprecian a los trabajadores. Titular de Transporte, a Randazzo lo indigesta el activismo de los gremios de su área, que "han sido privilegiados con políticas inclusivas".
La misma línea argumental usa el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, para quien es inmerecido que el gobierno que "más hizo por los trabajadores" vuelva a verse enredado en un paro.
Aníbal Fernández tiene una receta para los gremios díscolos, la de cambiar las huelgas por una mesa grande en la que negociar hasta que las velas no ardan. Suena extraña esa declaración, siendo que el Gobierno jamás llamó al diálogo al sindicalismo opositor, pese a que los últimos paros fueron convocados con una antelación exagerada.
También surgió otra diferencia de última hora: las distintas percepciones de la pobreza en el país. Mientras para Cristina, según dijo en Roma, los pobres apenas suman el 5 por ciento de la población, para Moyano y elenco, aquella cuenta da un 27, 8 por ciento de los argentinos. Consultado días atrás por la misma cuestión, Kicillof había manifestado que él desconocía los números de la pobreza en el país.
La huelga está en marcha. Habrá que ver si a su fin queda de manifiesto si se trató de un manotazo del sindicalismo, un acto de estricta justicia o un feriado nacional no previsto.
Por expresa orden de la Presidenta, su ministro de Economía, Axel Kicillof, determinó que las subas que se pacten este año no deberán sobrepasar el 27 por ciento si quieren ser homologadas. Convalidar eso, afirman los gremios anti K, sería resignarse a un duro revés para el poder adquisitivo de los trabajadores, que corren de atrás con la suba de precios.
Con esas banderas de queja, convocan al paro las centrales sindicales de Hugo Moyano, la de Luis Barrionuevo y la rama combativa de la CTA de Pablo Micheli. Sin embargo, el papel protagónico de la protesta volverá a recaer sobre las anchas espaldas del bloque donde se nuclean los gremios del transporte.
De la disciplina que exhiban esas organizaciones para desactivar los medios de locomoción, sea de pasajeros o de mercancías, dependerá fundamentalmente el éxito de la medida de fuerza. En la huelga anterior, el transporte no funcionó y la adhesión - voluntaria o no- terminó siendo de casi un cien por ciento.
El panorama para hoy pinta igual que el paro del 31 de marzo. Se descuenta entonces que habrá desolación en calles y lugares de trabajo: no habrá colectivos, trenes ni subtes. Tampoco funcionarán los servicios de ómnibus de media y larga distancia. Se descartan asimismo por completo vuelos, actividad en los puertos y la provisión de servicios como recolección de basura, transporte de caudales y provisión de combustible o alimentos.
Así, los que quieran concurrir a sus empleos (especialmente si les descuentan el presentismo), deberán valerse de autos y motos particulares, taxis o remises. La otra es caminar o usar la bici.
En medio de la parálisis generalizada, donde se descuenta que habrá intensa actividad -hasta el mediodía por lo menos- es en el ramillete de piquetes que distintas organizaciones sociales y activistas de izquierda van a distribuir en los accesos más concurridos a la Capital, y en las rutas de ingreso a las principales ciudades del país.
También han prometido plantarse frente a "algunas fábricas y empresas de origen estadounidense". La CGT reconocida por el Gobierno, la del metalúrgico Antonio Caló, desconoce el llamado a la huelga. Pero en ningún momento de la previa, los referentes de la central oficialista salieron a desautorizar el reclamo de sus pares, como sí ocurrió en otras oportunidades.
Ahora, asumieron la actitud de quien mira para otro lado. La posición del Gobierno es unánime: el paro es político, dicen, sin hacerse cargo de ninguno de los reclamos que le hace medio sindicalismo. Más, muchos catalogan al paro como una maniobra de neto corte electoralista, aunque sin precisar cuál de los candidatos presidenciales de la oposición podría llevar agua para su molino con esta medida.
De todos los que pretenden sentarse en el sillón que hoy ocupa la doctora Kirchner, el único que habló del tema es el kirchnerista Florencio Randazzo. Salió duro: insinuó que el choque de trenes estaba conectado con el paro y afirmó que los sindicalistas desprecian a los trabajadores. Titular de Transporte, a Randazzo lo indigesta el activismo de los gremios de su área, que "han sido privilegiados con políticas inclusivas".
La misma línea argumental usa el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, para quien es inmerecido que el gobierno que "más hizo por los trabajadores" vuelva a verse enredado en un paro.
Aníbal Fernández tiene una receta para los gremios díscolos, la de cambiar las huelgas por una mesa grande en la que negociar hasta que las velas no ardan. Suena extraña esa declaración, siendo que el Gobierno jamás llamó al diálogo al sindicalismo opositor, pese a que los últimos paros fueron convocados con una antelación exagerada.
También surgió otra diferencia de última hora: las distintas percepciones de la pobreza en el país. Mientras para Cristina, según dijo en Roma, los pobres apenas suman el 5 por ciento de la población, para Moyano y elenco, aquella cuenta da un 27, 8 por ciento de los argentinos. Consultado días atrás por la misma cuestión, Kicillof había manifestado que él desconocía los números de la pobreza en el país.
La huelga está en marcha. Habrá que ver si a su fin queda de manifiesto si se trató de un manotazo del sindicalismo, un acto de estricta justicia o un feriado nacional no previsto.
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