El gobierno porteño acusó al juez Gallardo de tener motivaciones políticas
19-04-2022 | 12:04
Entre abril de 2019 y marzo de 2022 el ministerio de Seguridad porteño requirió 9 millones de datos biométricos. Foto Gustavo Amarelle El Gobierno porteño cuestionó la decisión del juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Roberto Gallardo, quien suspendió el sistema de reconocimiento facial de prófugos tras detectar un uso ilegal que permitió acceder a datos biométricos de personas que no estaban siendo buscadas, y lo acusó de tener intencionalidad política.
El ministro de Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, aseguró este martes durante una conferencia de prensa que el fallo del juez Gallardo constituye “un ataque al sistema de seguridad de la Ciudad” y afirmó que el magistrado se puso “al servicio de la política”.
D’ Alessandro, junto al ministro de Gobierno, Jorge Macri, y el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, fueron los funcionarios designados para dar la versión del gobierno que encabeza Horacio Rodríguez Larreta sobre la denuncia que investiga la justicia.
Fuentes judiciales explicaron a Télam que el sistema de monitoreo del ministerio de Seguridad porteño está habilitado a solicitar datos biométricos provenientes del Registro Nacional de las Personas (Renaper) siempre que se traten de personas incluidas en la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC), que en 2019 eran unas 35.000 y el mes pasado llegaron a 40.000.
Sin embargo, entre abril de 2019 y marzo de 2022, las consultas de datos biométricos realizadas desde la cartera de Seguridad porteña fueron 9 millones, una cifra que no se corresponde con la población de individuos requeridos por la Justicia o en situación de rebeldía a partir de una medida judicial.
La justicia investiga el posible uso ilegal del sistema de vigilancia biométrica. En tal sentido, el abogado y director de Litigios del CELS, Diego Morales, sostuvo que "el Gobierno de la Ciudad debe dar explicaciones acerca de las búsquedas que hizo de datos biométricos de tantas y tantas personas".
Gallardo resolvió la semana pasada suspender el sistema de reconocimiento facial de prófugos en el distrito tras detectar presuntas irregularidades en la migración de datos biométricos desde el Renaper hacia áreas que dependen del ministerio de Seguridad porteño.
Este lunes se inició el peritaje sobre el material secuestrado en el Centro de Análisis, Comando y Control (CAEC) de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que inició las tareas de apertura de la información secuestrada en los operativos ordenados la semana pasada por el magistrado en el ministerio de Seguridad porteño y en el Centro de Monitoreo Urbano del barrio de Barracas.
El ministro D´Alessandro argumentó que Gallardo “confunde la validación de identidad, que se da en muchos trámites que se hacen en la Ciudad” con “las personas que están cargadas en el sistema de reconocimiento facial”, y dijo que “todos los que hicimos un trámite en la Ciudad, como certificar un domicilio, hacer una denuncia, o una vacunación pasamos por la validación de identidad”.
Sin embargo, diferenció esta situación del sistema que rige el reconocimiento facial, donde el objetivo es “reconocer a los prófugos con pedido de captura”.
“Esto permite reconocer violadores, asesinos, el reconocimiento facial permitió que muchos delincuentes que vivían entre nosotros hoy estén presos”, afirmó el titular de Seguridad porteño.
El Renaper informó que desde el GCBA se migraron datos de personalidades políticas y personas que no están prófugas. Foto Gustavo Amarelle La semana pasada, el investigador del Conicet y creador de un sistema de reconocimiento facial de personas desaparecidas, Pablo Negri, afirmó en diálogo con Télam que “tener la capacidad de identificar a una persona en la vía pública puede ser utilizado para bien o para mal; es información que cualquiera anónimamente puede colgar en una página de internet y entonces se convierte en un problema gravísimo de seguridad". El científico opinó que "tiene que haber responsables que firmaron y dieron permiso” a las acciones denunciadas ante la justicia “con un determinado objetivo" porque, si no, es "casi como un robo de datos".
Miguel sostuvo que la Ciudad presentó la recusación para que el magistrado deje de entender en esta causa por su “flagrante parcialidad y por haber dictado un fallo político y a favor del kirchnerismo”.
El ministro D´Alessandro negó que en la base de datos del sistema de reconocimiento facial figuren personalidades públicas como referentes de organismos de Derechos Humanos o la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Sin embargo, del informe elaborado por el Renaper en respuesta al oficio del juez surge que entre abril de 2019 y marzo de este año fueron migrados -es decir, requeridos y recibidos por el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos de CABA- los datos biométricos del presidente Alberto Fernández (76 veces); la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (225 veces); el diputado Máximo Kirchner (12 veces); el Ministro del Interior Eduardo "Wado" De Pedro (3 veces) y del ministro de Seguridad Aníbal Domingo Fernández (12 veces).
También fueron migrados los datos de los diputados Sergio Tomás Massa (3 veces); Myriam Bregman (3 veces), Ricardo López Murphy (8 veces); José Luis Espert (8 veces) y Javier Milei (32 veces); según surge del expediente.
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