Eliminación de todas las excarcelaciones para los imputados por delitos con penas mayores a 6 años, procedimientos exprés de 30 días para los crímenes descubiertos en flagrancia y desalojos de viviendas usurpadas en menos de 24 horas son apenas algunas de las medidas que incluye el proyecto de Código Procesal Penal del Frente Renovador.

Sergio Massa ya imagina que el kirchnerismo lo acusará de querer instalar una nueva "mano dura". Pero, a quien se lo advierte, le señala que en realidad se trata de una "mano justa" porque su proyecto toma propuestas del progresismo de los ex Coalición Cívica Adrián Pérez y Juan Carlos Vega, de la "mano dura" del ex ministro duhaldista Jorge Vanossi e incluso del texto que el kirchnerismo discutió y aprobó en el Senado.

"Viene el tiempo en que la mano firme del Estado tiene que proteger al ciudadano que paga sus impuestos, que trabaja todo el día y que siente que pierde en la pelea de derechos contra los delincuentes", señaló el diputado durante la presentación de su propuesta de Código Procesal Penal que se realizó en el Teatro Astros de la Ciudad de Buenos Aires.

Acompañado por legisladores e intendentes alineados al Frente Renovador, y también familiares y víctimas de la inseguridad, el precandidato a presidente dijo: La Argentina ha caído en un falso debate que tiene que ver con las discusiones ideológicas pero lo que hay que entender es que la Justicia no es de izquierda ni de derecha. Son derechos de la gente".

  Adrián Escandar

Infobae accedió al proyecto de 128 páginas y más de 400 artículos que el Frente Renovador imprimió como libro con el título Distinto es con Justicia. Aunque su propuesta mantiene el sistema acusatorio propuesto por el Gobierno, en el massismo advierten que se trata de un proyecto "completamente distinto" porque la iniciativa del kirchnerismo es sólo "una ley de reemplazo de jueces por fiscales a cargo de las investigaciones penales" para garantizar la impunidad de sus funcionarios en los próximos años.

En el Frente Renovador saben que, aunque con justeza, el oficialismo tiene los votos necesarios para convertir en ley el texto enviado por el Poder Ejecutivo. Su objetivo es otro: apuestan a lograr un proyecto consensuado con toda la oposición para que si las elecciones del año que viene las gana un candidato no kirchnerista, el Congreso reemplace el Código impulsado por el Gobierno.

El proyecto contempla la figura de juicio en ausencia para el caso AMIA

Límite a las excarcelaciones, nuevos delitos y más herramientas

La propuesta massista contempla que todo imputado por delitos con penas máximas superiores a los 6 años ya no podrá pedir su excarcelación. En cuanto comience el proceso quedará tras las rejas hasta que se le dicte sentencia. Además, aquellas personas condenadas en primera instancia por crímenes considerados "graves" o "gravísimos" serán inmediatamente detenidos en cuanto finalice el juicio oral, si es que aún estaban en libertad.

Además, en los delitos con penas menores a los 6 años, el juez podrá figar obligaciones especiales como la prohibición de acercamiento o la vigilancia con pulseras electrónicas si la víctima así lo pide.

El proyecto –que fue redactado por una comisión presidida por la diputada Graciela Camaño y el legislador bonaerense Ramiro Gutiérrez– prevé también la creación de figuras hasta ahora no contempladas ni en el Código Procesal Penal actual ni en el propuesto por el kirchnerismo. Algunas de esas figuras son las de "corrupción", "crimen organizado trasnacional" y "abigeato agravado", delito de robo de ganado a mediana y gran escala típico de los sectores rurales.

Aunque no es mencionado de manera explícita, el memorándum con Irán también fue contemplado en la redacción. En línea con los pedidos de parte de la comunidad judía, el texto contempla la posibilidad de realizar un juicio aún cuando el imputado se encuentre prófugo, una figura que permitiría realizar el juzgamiento en ausencia de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA.

Otras herramientas para agilizar juicios y procedimientos son los desalojos en 24 horas en casos de usurpación, la creación de un registro unificado de evidencias para todas las causas, la suspensión temporal del registro de conducir o de portación de armas de fuego, la celeridad de los embargos y la inhibición general de bienes y el permiso para que los fiscales ordenen allanamientos con un control judicial posterior. La más destacada de ellas es tal vez el nuevo procedimiento de flagrancia: en caso de que un delincuente sea filmado en pleno delito, el juez estará en condiciones de pedir al fiscal la primera audiencia dentro de 24 horas y el juicio oral podrá ser solicitado en apenas 30 días.

El fiscal podrá congelar los bienes de un funcionario y hasta separarlo de su puesto antes de que empiece la investigación

Contra la corrupción y el crimen organizado

Uno de los puntos en los que más énfasis pone la propuesta massista es en las nuevas medidas para enfrentar delitos contra la administración pública, así como el narcotráfico, la trata de personas y cualquier otro tipo de crimen organizado.

Además de la tipificación del delito de "corrupción" (que al día de hoy no existe), el texto contempla que el fiscal a cargo pueda congelar los bienes del funcionario y hasta separarlo de su puesto antes de que empiece su investigación. Incluso, si se lo encuentran culpable, habrá herramientas para embargar los bienes que él o sus testaferros hayan adquirido de manera fraudulenta.

La posibilidad de embargar propiedades, vehículos, armas o cualquier otro tipo de elemento regirá también para los condenados por delitos del crimen organizado. Se autorizará además a los fiscales a hacer allanamientos sin orden judicial en las investigaciones contra el "menudeo" o la venta de estupefacientes al por menor en los barrios. En los casos de alta complejidad, se permitirá la participación de investigadores bajo reserva de identidad que se infiltren en las organizaciones criminales.

Massa presentará este martes su proyecto de Código Procesal Penal, titulado "Distinto es con Justicia"  

Derechos y medidas de protección para las víctimas

Para el massismo, en las leyes argentinas actuales sólo están contemplados los Derechos Humanos de los acusados. Por eso propone una batería de acciones en beneficio de las víctimas. La principal es la creación de un cuerpo de abogados defensores que les dé asistencia gratuita y obligatoria. Otras medidas son la obligación de que la víctima sea notificada cada vez que el imputado presente una solicitud de libertad para que pueda apelar o solicitar que se apliquen garantías u obligaciones y la autorización para participar de los allanamientos, identificar sus bienes sustraídos y llevárselos en el mismo momento.

También incluye la obligación de que sean los fiscales los que se trasladen a tomar declaración a las víctimas y no como sucede en la actualidad, cuando muchas veces quienes sufrieron un delito deben viajar cientos de kilómetros para dar su versión del hecho.

Incluso, ante la posibilidad de que el fiscal decida sobreseer al imputado, el proyecto de Código Procesal Penal massisa contempla la autorización para que la víctima tome su lugar en la acusación y solicite que se eleve la causa a juicio oral.

El texto del Código Procesal Penal presentado por el kirchnerismo contempla que habrá una segunda etapa de debate en la que se discutirá una ley de implementación de las reformas en el Poder Judicial y la Procuración General de la Nación. Hasta ahora no se conoce nada de ella.

Como anexo a su proyecto, el Frente Renovador también incluyó una propuesta de reforma del Ministerio Público Fiscal. Las medidas incluyen la organización del área en "fiscalías de distrito" similares a las que José María Campagnoli dirige en Saavedra, la autonomía financiera del Ministerio Público, un procedimiento de selección del Procurador General de la Nación similar al que se aplica para los jueces de la Corte Suprema y un límite máximo de seis años para el puesto que hoy ocupa Alejandra Gils Carbó.

Aunque Massa espera que el próximo gobierno pueda cambiar el Código Procesal Penal, es muy difícil que Gils Carbó pueda ser removida de su puesto: para hacerlo, son necesarios dos tercios de los votos de Diputados y el Senado. Por el momento, no piensa mucho en la cuestión. Falta más de un año y mucha agua queda por correr debajo del puente.