Con un pedido de "mano firme" contra la inseguridad y la corrupción, Sergio Massa lanzará su propio proyecto de Código Procesal Penal para enfrentar en Diputados al texto que el Gobierno ya consiguió aprobar en el Senado.

Infobae accedió al proyecto de 128 páginas y más de 400 artículos que el partido mandó a imprimir en formato libro para la presentación que el líder del Frente Renovador realizará este martes a las 12 del mediodía en el Teatro Astros de la Ciudad de Buenos Aires. Aunque mantiene el sistema acusatorio propuesto por el Gobierno, en el massismo advierten que se trata de "un Código Procesal Distinto", ya que la iniciativa del kirchnerismo es sólo "una ley de reemplazo de jueces por fiscales a cargo de las investigaciones penales" que deberá reorganizar el funcionamiento del Poder Judicial con una ley de implementación de la que hasta ahora nada se conoce.

Según señalan, su texto, en el que trabajó una comisión presidida por la diputada Graciela Camaño y el legislador bonaerense Ramiro Gutiérrez, se trata de una "propuesta integral" basada en tres ejes: un fuerte endurecimiento de las medidas contra los crímenes que involucran a la inseguridad, la corrupción y el narcotráfico; más derechos y participación para las víctimas del delito y una reforma integral del Ministerio Público Fiscal que hoy está al mando de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

Contra el "garantismo" del juez Eugenio Raúl Zaffaroni, los diputados del Frente Renovador pedirán eliminar todo tipo de excarcelación para los delitos con penas mayores a los 6 años. Es decir que, en cuanto empiece el proceso, una persona acusada por un crimen de ese tipo deberá seguir el proceso desde la cárcel.

El proyecto establece además nuevas acciones que los fiscales podrán aplicar contra los funcionarios acusados en casos de corrupción. En cuanto la causa comience a ser investigada, podrá ordenar que se congelen todos los bienes del sospechado. Incluso, si las pruebas lo respaldan, podrá disponer que el funcionario sea separado de su cargo antes de que comience el juicio. Tanto en los casos de corrupción como en los delitos que involucran al narcotráfico o el crimen organizado, la propuesta massista contempla que todos los bienes obtenidos a través de dinero ilícito puedan ser embargados y puestos a disposición del Estado.

Con el objetivo de dar más derechos a las víctimas, el texto contempla una batería de medidas que incluyen la creación de un cuerpo de abogados defensores de la víctima que la asistirán en forma gratuita y obligatoria si así lo pide. Además, establece la obligación de que sea el fiscal el que se traslade al domicilio del denunciante para tomarle declaración, autoriza a que las asociaciones de víctimas se presenten como parte de la defensa y prevé la figura de una pensión que deberá ser pagada por el acusado a la víctima en caso de que la Justicia así lo decida.

El kirchnerismo ya anticipó que la reorganización del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal será objeto de una ley de implementación a debatir el próximo año. Desconfiado de lo que pueda surgir de ese proyecto, el massismo presentará también su propia propuesta, que incluye la descentralización de las fiscalías para crear "fiscalías de distrito" similares a la que José María Campagnoli ya tiene en Saavedra, la autonomía presupuestaria de la Procuración General, más requisitos para la selección de la persona que ocupará el cargo que hoy tiene Gils Carbó y un límite de 6 años para su mandato.

Massa presentará mañana su Código Procesal Penal acompañado por asociaciones como Madres del Dolor, Madres contra el Paco y la fundación Ayuda a Víctimas de Violación (Avivi). También lo acompañarán familiares de algunos de los casos de inseguridad más resonantes de los últimos años, como los de Santiago Urban y Silvia Prigent. También estará presente Viviam Perrone, madre de Kevin Sedano, el joven atropellado 12 años atrás por Eduardo Sukiassian en Avenida del Libertador.

Aunque ajustado, el oficialismo tendría los votos necesarios para convertir en ley su propuesta. Pero el proyecto del Frente Renovador va más allá: su intención es intentar llegar a algún tipo de consenso con el resto de la oposición para acordar un texto común que derogue y reemplace al Código Procesal Penal kirchnerista si el Frente para la Victoria pierde las elecciones el año que viene.