La principal modificación que le introdujeron los senadores fue la creación, en el ámbito de la Defensoría General de la Nación, de un cuerpo de defensores de la víctima.

De acuerdo a la iniciativa, cada provincia contará con un defensor que deberá asesorar a los afectados por un delito o a sus herederos sin cargo.

El proyecto reconoce a las víctimas sus derechos a asistencia, protección, acceso a la justicia y celeridad.

Los afectados por un hecho delictivo deben recibir un trato digno y respetuoso, podrán requerir medidas de protección, intervenir como querellantes, aportar información, exigir un resarcimiento y podrán solicitar medidas de coerción.

Además, las autoridades deben actuar bajo los principios de la rápida intervención, el enfoque diferencial de acuerdo con cada caso y la no revictimización.

El presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, el peronista entrerriano Pedro Guastavino, consideró que la medida era "necesaria" y anticipó el "consenso unánime de que la Argentina debe contar con una norma de esta naturaleza".

En tanto, su colega de la Comisión de Derechos y Garantías, el radical Luis Naidenoff, reconoció la "complejización del delito en la Argentina" y resaltó que "en los últimos años quedó la sensación de que el Estado está del lado de quien comete el delito y el que lo sufre advierte una orfandad incomprensible".

La peronista disidente Liliana Negre de Alonso, a su turno, apuntó que "en este Senado hay muchos que no creen que víctimas y victimarios peleen con las mismas armas por lo que les recuerdo que los tiempos cambiaron".