La Casa Rosada prometió un debate profundo y extenso sobre el paquete de leyes que reforma las regulaciones en materia de Defensa al Consumidor, en el que figura la denominada Ley de Abastecimiento. Pero pese a la tajantes resistencias que se hicieron evidentes en la audiencia que se realizó hace dos semanas, el texto sería aprobado mañana en la Cámara alta sin mayores modificaciones.

A horas de la votación, en la que el oficialismo no tendría inconvenientes en hacer valer su mayoría, fueron numerosas las entidades del sector privado que reiteraron su rechazo al proyecto, a la vez que alertaron sobre sus eventuales consecuencias.

Esta tarde, el G-6, el grupo de las principales entidades empresarias, renovó sus críticas a la medida luego de un encuentro que mantuvieron sus principales representantes. En un documento, el colectivo remarcó que la iniciativa establece "la intervención directa del Estado en la economía y en las empresas, fijando márgenes de utilidad, niveles de stock, canales de distribución, volúmenes de producción y precios, entre otros mecanismos de intervención", lo que a su entender constituye "una violación de la Constitución Nacional al establecer una delegación abierta al Poder Ejecutivo sin cumplir los recaudos constitucionales contemplados en el artículo 76".

El grupo ratificó, además, "su irrevocable voluntad de recurrir a las instancias judiciales, que es a quien corresponde garantizar la efectiva división de poderes que aparece claramente vulnerada en este proyecto". El industrial José Ignacio de Mendiguren precisó que trabajan en "la preparación judicial para el caso de que no se pueda modificar la norma, porque claramente atenta contra la división de poderes", para lo cual comentó: "Vamos a trabajar con el Estudio Cassagne para preparar la eventual presentación judicial".

   

También la Asociación Dirigentes de Empresas (ADE) expresó hoy su rechazo al proyecto. "Es preocupante, ya que pretende reflotar una ley que responde a otra época del mundo, y que vulnera expresas garantías constitucionales", indicó en una nota.

ADE sostuvo que "su sanción resulta innecesaria" ya que la actual Ley de Defensa del Consumidor otorga a usuarios y consumidores "herramientas ágiles y suficientes para defender sus derechos". Y planteó: "El Estado debe limitarse a establecer las condiciones imprescindibles para crear un ámbito propicio, para atraer las inversiones que permitan el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo genuinos".

En una línea similar, el presidente de la Cámara de Exportadores (CERA), Enrique Mantilla, advirtió que, de sancionarse, las inversiones serán castigadas por el aumento del riesgo político".

"La principal escasez existente es de confianza y credibilidad", consideró el dirigente, quien solicitó "recapacitar y evitar que se dé un paso negativo". La "respuesta" a esa problemática "son políticas públicas de calidad y no una Ley de Abastecimiento que generará más incertidumbre afectando las cadenas exportadoras y la competitividad", agregó.