El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) sostuvo que la tasa de pobreza en Argentina es del 32,9 por ciento, medida hasta setiembre del año pasado, y que tiene como principal afectado a “segmentos de clase media baja o sectores populares vinculados a la economía informal”.

En tanto, advirtió que “la desigualdad persistente y la pobreza estructural son resultado de un modelo económico-productivo concentrado y desequilibrado con efectos de exclusión y desigualdad a nivel socio-laboral”. 

Además, planteó que, “aunque devengan inversiones, no habrá derrame hacia los sectores menos dinámicos si no hay políticas activas de desarrollo local-regional, hacia el sector informal y las economías sociales”.

Así lo afirmó la UCA en un nuevo informe difundido este mediodía, titulado “Pobreza y desigualdad por ingresos en la Argentina urbana 2010-2016”, que fue presentado en conferencia de prensa en la sede de la universidad por el director de Investigación del Observatorio, Agustín Salvia.

‘La tasa de pobreza ascendió de 29 por ciento a fines de 2015 a 32,9 en  el tercer trimestre de 2016, lo cual significaría un aumento de 1,5 millones de nuevos  pobres (cerca de 13 millones de personas por debajo de la línea de pobreza). Estos niveles serían los más altos de los registrados desde 2010 a la fecha”, precisa el informe conocido este mediodía.

En tanto, ubica la indigencia en el 6,9 por ciento y aclara que estos porcentajes son “significativamente superiores” entre la población en hogares perceptores de programas de transferencias por fuera del sistema contributivo. 

"Entre ellos, la indigencia y la pobreza alcanzan a 13,8 por ciento y a 61 por ciento de las personas, respectivamente. En contrapartida, tanto la indigencia como la pobreza son menores al promedio entre la población que habita en hogares con transferencias contributivas o sin prestaciones", añade.

Según el Barómetro, “durante el último año, las medidas de ajuste económico, el contexto internacional adverso, la política anti-inflacionaria y la rezagada inversión privada y pública habrían agravado el escenario de crisis, más recesivo y adverso en materia de empleo y poder adquisitivo para amplios sectores sociales”.

"Si bien este shock habría sido mucho más fuerte durante el primer semestre del año, la situación no se habría revertido durante la segunda parte del año. El proceso habría generado un mayor deterioro laboral y en los ingresos de los sectores medios bajos informales, así como una profundización de la indigencia en los sectores más vulnerables", sostiene.

Al comparar indicadores desde el 2010 hasta el tercer trimestre de 2016, el informe señala que las tasas de pobreza e indigencia “retomaron los niveles de 2009” pero “muy lejos de crisis sociales atravesadas históricamente por el país” como la del 1988-1990 o 2001-2002.

En tanto, aclara que los niveles actuales de pobreza “se asemejan a escenarios como los de 1983, 1987, 1994 o 2009”, y señala que “la actual coyuntura parece remitir a procesos recesivos generadas por efectos de crisis financieras como la del ’Tequila’ o dinámicas inflacionarias post-devaluación como en los ’80 o en 2014”.

En tanto, el Barómetro destaca que “si bien en el segundo semestre se registró una baja notoria en el ritmo inflacionario y, al final del mismo, habría tenido lugar una efectiva recuperación del empleo, hacia el tercer trimestre del año no se evidenciaban cambios significativos en el nivel de actividad ni en la demanda laboral”. 

Remarca además que esta situación “fue amortiguada, tanto en el segundo como en el tercer trimestre, por actualizaciones establecidas por ley en los montos jubilatorios, pensiones y programas sociales, entre otras medidas compensatorias”.

Asimismo, el Observatorio destaca como un “cambio muy positivo” que el Indec haya comenzado con el gobierno de Mauricio Macri una “recuperación y difusión de información estadística confiable y vuelve a aclarar que con estos informes “no se busca debatir con el organismo oficial” sino que el objetivo es “complementar y profundizar en el estudio de la pobreza y la desigualdad”.

A modo de conclusión, la UCA indica que durante el período del Bicentenario “los indicadores laborales muestran la persistencia de la pobreza y desigualdades estructurales” y que “todavía estamos lejos de garantizar los derechos mínimos de inclusión social para una parte importante de la sociedad”.

‘La evolución de distintos indicadores de las condiciones materiales no ha sido equitativa al interior de la estructura social. Los más perjudicados en lo que respecta a las capacidades de subsistencia fueron los hogares de estratos muy bajos y de espacios segregados”, concluye.