La estadounidense Khalilah Ali, primera esposa del legendario boxeador Muhammad Ali, y uno de los hijos de ambos, fueron detenidos durante unas dos horas en el aeropuerto de Fort Lauderdale, en Florida.

El hecho ocurrió el pasado 7 de febrero, cuando la mujer y su hijo Muhammad Ali Jr. retornaban de un evento sobre la historia afroamericana en Montego Bay, en Jamaica, y fueron detenidos en este aeropuerto por agentes de Inmigración de Estados Unidos, según informó Chris Mancini, un ex fiscal federal y amigo de la familia.

De acuerdo al abogado, ambos fueron sometidos a interrogatorios por separado y mientras Khalilah fue liberada tras enseñar una fotografía de ella junto al boxeador, el hijo, que no tenía una prueba similar, tuvo que responder preguntas de los agentes durante unas dos horas.

"¿Eres musulmán?, ¿De dónde viene tu nombre?", fueron algunas de las preguntas que los oficiales le hicieron a Ali Jr., de acuerdo al abogado, quien añadió que el hijo del boxeador, nacido en Filadelfia en 1972, fue interrogado sobre sus creencias religiosas.

"Para la familia Ali, es muy claro que esto está directamente relacionado con los esfuerzos del señor (Donald) Trump para prohibir (la entrada) a los musulmanes a Estados Unidos", manifestó Mancini al diario de Kentucky Courier-Journal.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), señaló en un comunicado que por leyes federales no pueden revelar datos sobre casos individuales, pero recordaron que "todos los viajeros internacionales que arriban a Estados Unidos. están sujetos a inspecciones" por agentes de Inmigración, según reprodujo la agencia de noticias EFE.

Muhammad Ali falleció en junio de 2016, a los 74 años de edad, en Phoenix, Arizona.

La Administración de Trump ha intentado mediante decreto -bloqueado en los tribunales- suspender el programa de refugiados y la emisión de visados a siete países de mayoría musulmana.

El presidente, que hizo campaña con un duro lenguaje contra la inmigración, ha aprobado además en los últimos días nuevas directrices para reforzar el control migratorio, con un plan que incluye acelerar el proceso de deportación de inmigrantes indocumentados y contratar a 15.000 nuevos agentes.