El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, admitió este viernes que el acuerdo entre el Gobierno y el Correo Argentino representa “un perjuicio para el Estado”, pero enfatizó que “la quita se hizo durante el kirchnerismo”, por lo que reclamó que “algún fiscal le achaque la responsabilidad al funcionario que tenía la obligación de cobrar” lo establecido durante el concurso de acreedores realizado en 2003.

“Hay un perjuicio al Estado y ya está hecho, pero la quita se hizo durante el gobierno kirchnerista porque la devaluación del dinero es la verdadera quita. Nosotros hemos tratado de cobrar lo que quedaba”, sentenció el funcionario, quien advirtió que la responsabilidad de cobrar la deuda era del ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido.

Aguad reiteró que “nunca” habló con Mauricio Macri sobre el tema y afirmó que si lo hubiera hecho, el presidente lo “habría echado del despacho” y le “habría dicho ’andá a defender los intereses del Estado’”.

En declaraciones a La Red, el ministro de Comunicaciones afirmó que “no hay ningún perdón de deuda, va a pagar hasta el último peso, pero de un crédito absolutamente devaluado”.

El funcionario repasó que “en 2003, el kirchnerismo reconoció y verificó una deuda al Estado, en un concurso de acreedores, de 292 millones de pesos”, pero “la ley de quiebras prohíbe cargar intereses a futuro” y “la ley de convertibilidad, el artículo 7, prohíbe indexar esas deudas”.

Al respecto, insistió en que el Gobierno fijó un pago en cuotas a 15 años con 7 por ciento de interés porque “está vigente la prohibición o la negación para actualizar los créditos en un proceso de concursos”. “Acá ha habido una acción del gobierno anterior de no cobrar la deuda, por lo que se han perdido más de 3 mil millones de pesos”, sentenció Aguad, quien sostuvo que cuando llegó al Ministerio de Comunicación y le dieron cuenta de esta situación, sostuvo que lo primero que dijo fue “lo que hay que hacer es parar esta devaluación del crédito”.

Aguad destacó que este proceso para llegar al acuerdo -que se selló en junio, pero todavía no está homologado- se hizo “en el marco de un proceso judicial, no en el escritorio o en la mesa de un bar”.

Consultado sobre si el argumento del Gobierno transparenta que había un acuerdo entre el kirchnerismo y el empresario y padre del Presidente, Franco Macri, para no pagar la deuda, respondió que “no” sabe “si esta falta de acuerdo era para beneficiarlo o perjudicarlo”.

El ministro también cuestionó que la fiscal Gabriela Boquín “dice que el deudor está abusando de su derecho, pero la fiscal no dice qué tengo que hacer” y aseguró que la funcionaria judicial “tiene la obligación de decir cuál es la alternativa porque es muy fácil decir que algo está mal”.

Ante la pregunta sobre si el Gobierno no debería haber citado antes a la oposición para informar este tema, ya que la discusión implicaba al padre del Presidente, respondió: “Este no es un gobierno asambleario, nosotros tenemos responsabilidades y asumimos las responsabilidades”.

Aguad reiteró que “el Estado ha perdido mucho capital y eso no es justo”, pero insistió en culpar al kirchnerismo, por lo que reclamó que “algún fiscal le achaque la responsabilidad al funcionario que tenía la obligación de cobrar la deuda”, que “estaba en el ministerio de de Vido”.

“Es terrible que se haya favorecido al deudor de esta manera sin que el Estado asuma su responsabilidad. El Estado ha perdido cerca de 3 mil millones de pesos por el paso del tiempo”, cuestionó.

Investigarán el acuerdo

La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, anticipó que el organismo iniciará una “actuación” sobre el acuerdo del Gobierno con Correo Argentino S.A., al advertir que esa intervención resulta “más que obvia” cuando hay un “un dictamen fiscal sugiriendo que podría haber una presunta violación de la ley de Etica Pública”.

Alonso justificó la iniciativa de la OA luego de que la fiscal de Cámara del fuero comercial Gabriela Boquin dictaminara que debía rechazarse la propuesta realizada por Correo Argentino S.A. porque era “abusiva” e implicaba un perjuicio al patrimonio estatal.

“En su dictamen hace alusión directa a la ley de Etica Pública, sobre una presunta violación, y como la OA es la autoridad de aplicación de esa ley, decidimos abrir una actuación y se empezarán a librar los oficios correspondientes”, indicó Alonso.

De esta manera, explicó la funcionaria, la OA comenzará a “tomar conocimiento del expediente, hacer el análisis que corresponda, quizás pedir más información a funcionarios involucrados, analizar, estudiar el caso y emitir una recomendación o aporte que puede solicitar la Justicia en algún momento”.