Cristina cargó contra el gobierno de Mauricio Macri por haber propuesto a un abogado defensor de un represor de la última dictadura como representante argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Se trata del caso de Carlos Horacio de Casas, quien fue el representante legal de Enrique Blas Gómez Saa, ex subjefe de Inteligencia de la VIII Brigada de Infantería de Montaña involucrado en una causa por secuestros y torturas durante la última dictadura.

“Argentina, tu país, presentó ante la OEA como comisionado Argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) al abogado defensor de Enrique Blas Gómez Saa, represor y ex sub jefe de inteligencia de la VIII Brigada de Infantería de Montaña”, transmitió la ex mandataria a través de su cuenta en Twitter.

En el mensaje, precisó que “se trata de una causa tramitada en Mendoza” y puntualizó que Gómez Saa fue llevado a juicio oral por “privación abusiva de libertad agravada por violencia y amenazas y por haber durado más de un mes por tres hechos en concurso real”.

Las víctimas del represor fueron Roberto Vélez, Oscar Guidone y Martín Lecea, quienes sufrieron “tormentos agravados por la condición de perseguido político”.

Las Abuelas de Plaza de Mayo también cuestionaron la designación a través de un comunicado de prensa en el que rechazaron la candidatura “del defensor de represores” De Casas para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

“La persona propuesta por el gobierno nacional carece de trayectoria en la defensa de los Derechos Humanos en nuestro país, siendo su única actuación en el proceso de memoria, verdad y justicia, la defensa particular del represor mendocino Enrique Blas Gómez Saa, quien en la actualidad se encuentra impune por causas biológicas”, reza el comunicado del organismo.

La impugnación de la candidatura de Casas se da una semana después que el titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, negó que durante la dictadura se haya llevado a cabo un plan sistemático para desaparecer personas, declaraciones que generaron un entredicho entre los organismos de derechos humanos y el Gobierno.