El Ministerio Público de la Acusación de Jujuy dispuso nuevas imputaciones sobre hijos de la jefa de la Tupac Amaru, Milagro Sala, y dirigentes de esa agrupación en la causa donde secuestró una docena de autos por aparentes irregularidades en su adquisición.

Además, a las once imputaciones por presunto “encubrimiento agravado” les sumó un embargo en cuatro propiedades.

La Fiscalía Penal General, que conduce Sergio Lello Sánchez, refirió que se presentaron a conocer causa de imputación once personas, entre ellas Claudia y Sergio Chorolque Sala, hijos de la dirigente social, y referentes de la Organización Barrial Tupac Amaru.

El fiscal penal de feria Aldo Lozano los imputó del delito de “encubrimiento agravado por aseguramiento y provecho de bienes de origen ilícito, en concurso real y en coautoría”.

En la investigación, también está imputada la escribana de la Tupac, Claudia Trenque, y sus hermanos. Las fuentes judiciales señalaron que resta que se presente una persona a notificarse en la causa.

En este nuevo expediente -que se sumaría a la megacausa “Pibes Villeros‘- fueron entregados una docena de los vehículos que tenían orden de secuestro.

El trámite se inició a partir de una denuncia de la Oficina Anticorrupción basada en los expedientes que involucran a Milagro Sala y la Tupac Amaru.

Los pedidos de secuestro de los vehículos fueron ordenados por el juez de control en feria, Jorge Zurueta, que aún espera localizar a otra docena de vehículos.

En el primer operativo se secuestraron seis autos, entre los cuales está el MCC Smart de Milagro Sala -que la familia había dicho que se lo habían regalado entre 12 personas-; un Peugeot 3008 del marido de Sala, Raúl Noro; una Toyota Hilux, de Claudia Sala, una de las hijas de la acusada y un Fiat 500 del hijo de Sala, Sergio Chorolque.

Luego, la Justicia encontró seis más, entre ellos otra camioneta Toyota Hilux, dos Volkswagen Suran Cross y tres Fiat 500, todos pertenecientes a integrantes de la Tupac.

Por esta causa, además, se dictó la orden de embargo registrable de cuatro inmuebles, tres ubicados en San Salvador de Jujuy y el restante en Tilcara.

La dirigente jujeña lleva más de un año presa desde que encabezó un campamento en la plaza principal de Jujuy para oponerse a un plan de regularización de cooperativas implementado por el nuevo gobernador, Gerardo Morales.

A fines de 2016, fue sobreseída en esta causa pero quedó detenida por el supuesto fraude con unos 29 millones de pesos de fondos del Estado nacional para construir viviendas que recibió su organización.

Además, fue condenada por una agresión contra Morales en 2009, cuando era senador e intentaba dar una conferencia en un acto en un centro de estudios económicos en Jujuy.