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ACTUALIDAD

15 de agosto de 2014

La oposición coincide en que la aplicación de la ley antiterrorista contra Donnelley ahuyentará inversiones

Dirigentes de las principales fuerzas no kirchneristas cuestionaron la decisión del Gobierno de avanzar contra la empresa y alertaron por eventuales consecuencias. Especialistas habían advertido sobre su institucionalidad

La voluntad del Gobierno de implementar por primera vez la denominada ley antiterrorista contra la imprenta Donnelley por un presunto fraude en su quiebra cosechó un contundente rechazo de la oposición, aunque por variadas razones. La mayoría de los dirigentes alertó por el impacto económico que podría generar; otros objetaron su legalidad, mientras que la izquierda sostuvo que se desvirtuar lo que entienden es su verdadera finalidad.

Uno de los primeros en alzar la voz al respecto fue Francisco De Narváez. El diputado, quien recientemente confesó sus aspiraciones para la gobernación bonaerense, evaluó que con esa decisión "el Gobierno eligió el peor camino".

"Es meter miedo a quienes opinen distinto o actúen en forma diferente de lo que ellos quieren. No es así como se resuelven los problemas que tenemos" los argentinos, indicó.

Compartió ese diagnóstico Mauricio Macri. Desde Río Cuarto, Córdoba, el jefe de Gobierno estimó que "la aplicación de la ley antiterrorista no es el camino para conservar el empleo y generar más puestos de trabajo. Todo lo contrario".

El líder del PRO también aludió al proyecto oficial para regular el abastecimiento, que despertó reparos en todo el arco empresarial. "No estamos de acuerdo. Estas medidas alejan la inversión y sin inversión no hay trabajo", señaló.

Por el radicalismo, el diputado Julio Cobos opinó que la aplicación de la ley en estas circunstancias "genera incertidumbre" y "lo único que hace es desalentar" las inversiones
en medio de un clima económico "complicado".

"Todo lo que haga el Gobierno uno lo pone en duda. Lo que hace es avanzar, avasallar", aseguró. "Estas medidas no contribuyen en nada a mejorar la situación económica", añadió.

El titular de la UCR, quien como Cobos se declara precandidato a presidente para 2015, se pronunció en Twitter: "La economía no sufre terrorismo ni desabastecimiento, está deprimida por la inflación que trajo recesión y destruye empleos todos los días".


Desde el Frente Renovador, Graciela Camaño calificó la medida como un "apriete". "Indudablemente con la actitud de la Presidente se corrobora que lo que pretendían cuando votaron la ley era una herramienta de amedrentamiento a la sociedad", dijo.

 

Su par Adrián Pérez coincidió en que la norma "se ha convertido en un cheque en blanco para vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos, que en algunos casos como este se utiliza como respuesta absolutamente desproporcionada e irracional para un tema que debe ser resuelto por los carriles correspondientes en la justicia civil comercial y eventualmente en las instancias administrativas del Ministerio de Trabajo".

En nombre de la izquierda, el diputado Néstor Pitrola reclamó al Gobierno que no "barnice" la ley antiterrorista "como una ley antibuitre-", cuando es una norma "contra el movimiento popular". Y tachó de "demagógico" el anuncio de la Presidente de pedir que se aplique contra los directivos de la multinacional.

Vilma Ripoll, del MST, subió la apuesta y dijo que "si Cristina Kirchner quiere sancionar a Donnelley que la expropie, estatice y garantice los puestos de trabajo".

La medida ya había generado un amplio repudio de especialistas. Los abogados Gregorio Badeni, Daniel Sabsay, Félix Loñ y José García Hamilton acordaron en los riesgos que encierra y también sugirieron que podría generar consecuencias en la seguridad jurídica para inversiones.

A esas voces se sumó hoy el consejero de la Magistratura Alejandro Fargosi al sostenjer que se trata de una "una vergüenza para la Argentina". "Lo que pasa es que el cristinismo ahuyenta a todo aquel que quiere trabajar y progresar. Por eso se han ido tantas empresas de nuestro país y lo seguirán haciendo", acotó.

En tanto, el abogado y ex diputado Ricardo Gil Lavedra observó que una "norma de dudosa constitucionalidad", y destacó que "la tentativa de aplicarla respecto a una empresa que se ha declarado en quiebra, es otro manotazo que pega el Gobierno, buscando de qué manera dominar una economía que se les ha disparado de las manos".

"Es una delegación prohibida, la Constitución solo autoriza que la delegación la hace el Congreso y solamente en el Poder Ejecutivo, acá se está invistiendo de facultades al Secretario de Comercio", dijo a la radio La Once Diez.

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