Un juez penal propuso ayer que se deberían conmutar las penas de algunos detenidos para reducir la superpoblación en las cárceles de la provincia de Buenos Aires.

Fue en un encuentro conjunto de las comisiones de Derechos Humanos de ambas cámaras de la Legislatura, donde el magistrado del Tribunal en lo Criminal Oral 1, Mario Alberto Juliano, anunció que en los penales bonaerenses "hay un récord histórico de 33.166 detenidos".

"Hemos traído de modo testimonial un pedido de conmutación de penas de ciertos delitos para disminuir la población carcelaria", dijo el juez durante su intervención en el panel.

Para Juliano, presidente de la asociación Pensamiento Penal, es necesario "que la provincia de Buenos Aires sancione una ley de cupos carcelarios para evitar la superpoblación (carcelaria) y sus consecuencias".

El magistrado señaló además que cuando las miradas más optimistas afirman que los penales bonaerenses se encuentran superpoblados "en un 25 y 30 por ciento", las "realistas" elevan ese porcentaje "al 50 por ciento", dijo. Y contó que el proyecto que busca reducir la población carcelaria le fue presentado al gobernador Daniel Scioli.

Según desarrolló Juliano, el beneficio se aplicaría a los condenados que hayan cumplido la mitad de la condena que no supere los cinco años de prisión; reincidentes que hayan cumplido más del 80 por ciento de la condena, por delitos tentados; mayores de 60 años; mujeres alojadas con niños o en etapa de gestación y extranjeros que hayan cumplido la mitad de la condena y asuman el compromiso de abandonar el país, entre otros.

Del encuentro participaron también representantes de la Comisión Provincial por la Memoria y el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), quienes realizaron un crítico diagnóstico sobre el funcionamiento del Servicio Penitenciario, según informó el diario El Día de la ciudad de La Plata.

El juez Juliano ya había despertado polémica en ocasiones anteriores a través de sus fallos, al rechazar la prisión perpetua para tres acusados de asesinato porque va "en contra de lo que dice nuestra Constitución", y la equiparó con la pena de muerte. Y en otra oportunidad, en la que sobreseyó a un conductor borracho que chocó a otro porque consideró que el estado de embriaguez "lejos de contravencionalización, debería ser merecedora de ayuda y auxilio".