Poco antes de que se cumplan 20 años de la última reforma constitucional, el Gobierno presentó su proyecto de ley para reglamentar por primera vez aquel artículo 42 que establece los derechos de los consumidores de todo el país.

El texto, al que tuvo acceso Infobae, establece como principal objetivo garantizar el acceso a una resolución de conflictos que actúe con "celeridad, inmediación, economía procesal, oralidad, gratuidad y protección para el consumidor". Para eso, el Gobierno contempla crear más de 200 puestos, entre los que se incluyen auditores, jueces de primera instancia, vocales de la Cámara de Apelaciones, fiscales y defensores públicos, además de secretarios, escribientes y ayudantes para los nuevos tribunales. Cuando sean necesarios, también se contratarán los servicios de los abogados que se inscriban en el nuevo Registro Nacional de Conciliadores. De esos nuevos cargos, el oficialismo propone que 156 dependan de los flamantes tribunales para las Relaciones de Consumo. Ellos quedarán a cargo del Poder Judicial, pero el proyecto no aclara de dónde saldrán los fondos que pagarán sus sueldos.

Para resolver las denuncias de los clientes de las empresas, el proyecto contempla crear tres mecanismos legales: el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (Coprec), la Auditoría en las Relaciones de Consumo y la Justicia Federal y Nacional en las Relaciones de Consumo. Allí, los usuarios podrán reclamar resarcimientos de hasta 60 veces un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM). Si hoy la norma estuviera en vigencia, un usuario estaría en condiciones de pedir hasta $220.000 como compensación por un servicio o producto defectuoso. Aunque, de ser necesario, los jueces estarán en condiciones de condenar a las compañías a pagar cifras aún mayores, según establece la iniciativa que lleva las firmas del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, el ministro de Economía, Axel Kicillof, y su par de Justicia, Julio Alak.

   

Cómo se realizarán los nuevos reclamos

Aquel consumidor que tenga una queja por menos de $198.000 (55 SMVyM) deberá primero presentar su caso ante el Coprec, una "instancia previa y gratuita para el consumidor" en la que un conciliador sorteado o acordado por las partes intentará mediar para resolver el conflicto. El plazo máximo para lograr una solución es de 30 días, pero puede ser prorrogado por otros 15 días más si el conciliador lo considera necesario.

Para evitar lo que hoy sucede, cuando muchas veces las compañías optan por no presentarse a las audiencias para dilatar las denuncias, se establecerá una multa de $3.600 (1 SMVyM) para todas aquellas empresas que falten sin motivo a los encuentros. De esa penalidad, el 30% se entregará al demandante y el resto se utilizará para pagar los gastos y consolidar el nuevo Fondo de Financiamiento, que en parte sostendrá el Gobierno con partidas para los ministerios de Economía y Justicia.

Si el consumidor se da por satisfecho con ese dinero o si consiguió llegar a un acuerdo con la compañía, el conflicto se dará por cerrado. Pero si considera que ese resarcimiento no es suficiente o si no llegó una solución satisfactoria, tendrá otras dos instancias a las que podrá recurrir: la Auditoría en las Relaciones de Consumo y la Justicia en las Relaciones de Consumo.

En el caso de que el daño reclamado sea menor a $54.000 (15 SMVyM), tendrá que acudir a la Auditoría. Si es inferior a 198.000 pesos, deberá recurrir a alguno de los tribunales de primera instancia para consumidores. Ningún ciudadano podrá presentarse a alguna de las dos alternativas sin antes haber pasado por la mediación del Coprec.

Quienes opten por la primera opción tendrán que llevar su reclamo y las pruebas a una audiencia con la empresa. Ese mismo día, el auditor deberá dar su veredicto. A lo sumo podrá tomarse cinco días por si necesita recabar algún elemento más.

Para apelar los fallos en su contra, las empresas primero deberán pagar las sentencias

En cambio, quienes prefieran judicializar su caso caerán en uno de los ocho nuevos juzgados de primera instancia en las Relaciones de Consumo, si están en la Ciudad de Buenos Aires, o en el ámbito de un juez federal de primera instancia común si se encuentran en el interior del país. El proyecto, que ya ingresó por mesa de entradas del Senado y será publicado en su web en las próximas horas, establece que la causa deberá ser resuelta en un plazo máximo de 60 días.

Las decisiones tanto de la Auditoría como de los juzgados de primera instancia que impliquen multas de menos de $18.000 (5 SMVyM) serán inapelables. Llegado el caso de que las cifras sean mayores, se podrá recurrir el fallo ante la nueva Cámara Federal y Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo. Para evitar las eternas chicanas judiciales que las empresas suelen utilizar, el proyecto de ley contempla que las compañías que deseen hacer una apelación primero deban depositar en la Justicia el monto que la instancia anterior las condenó a pagar.

La Cámara estará integrada por seis vocales y dos secretarías, divididos en dos salas. Sus decisiones, según propone la iniciativa del oficialismo, no podrán ser apeladas.

El proyecto fue presentado en cadena nacional por Cristina Kirchner el 31 de julio, el día después de que venciera el plazo legal para que se definiera si la Argentina caía en default. Hasta el momento, las entidades internacionales no se han puesto de acuerdo acerca de si el país está realmente en cesación de pagos. La iniciativa fue lanzada como una suerte de gesto para mostrar que el Gobierno sigue en marcha pese a los reveses judiciales.

Por eso, la intención es que sea aprobada por el Congreso lo más rápido posible. En el oficialismo confían en tener los votos necesarios para hacer pasar el proyecto tanto por Diputados como por el Senado y convertirla en ley en no más de dos meses. Una vez sancionada, la propuesta contempla que los nuevos tribunales sean creados en un plazo máximo de 180 días. Si se cumplen los tiempos previstos por el kirchnerismo, la Justicia del Consumidor recién estará en marcha a principios de 2015.