Fuentes judiciales informaron que el fiscal Eduardo Taiano adhirió a los argumentos del juez para negar la extradición, con lo cual no elevó la apelación y por ende los tres imputados lograron quedarse en el país.

El juez Bonadio había argumentado, entre otros motivos, que los contratos sospechados de sobornos entre dirigentes del fútbol fueron entre privados y por consiguiente no existió el delito de “cohecho”, en el que exista en la ley argentina, debe haber participación de funcionarios públicos.

En principio, el fiscal Taiano había apoyado el pedido de extradición de la justicia estadounidense al sostener que “son extraditables los hechos por los cuales se los requiere, puesto que más allá de la terminología utilizada por las legislaciones se advierte que se trata de asociación ilícita”.

El pedido de extradición lo realizó un Juzgado Federal de Primera Instancia del Distrito Este de Nueva York, Estados Unidos, que investiga la presunta comisión de delitos en la FIFA. En los tres casos, Bonadio había resuelto “Rechazar la solicitud de extradición (...) en orden a los delitos de asociación ilícita para cometer delincuencia organizada, fraude electrónico y lavado de activos”, de acuerdo al Código de los Estados Unidos.

Repasando

Deluca fue secretario general de la CONMEBOL entre 1986 y 2011, y los Jinkis, padre e hijo, eran dueños de la empresa Full Play y la Justicia de los Estados Unidos lo imputó por sobornos en los derechos de televisación de Copas América.

Los otros argentinos imputados en la red de lavado de dinero y sobornos son el empresario Alejandro Burzaco, quien aceptó ser extraditado de Italia a Estados Unidos, y el expresidente de Quilmes, en su condición de exsecretario general de CONMEBOL, José Luis Meiszner, cuyo trámite está en proceso en un juzgado federal de Quilmes.