Por Gabriel Calisto
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Para el gobierno de Mauricio Macri, ese “trabajo sucio” que ya se hizo fue el ajuste económico. Poner el freno de mano en la economía, vía suba de tarifas de servicios públicos, combustible y transporte, para así achicar vía reducción de consumo la inflación y “normalizar” la economía nacional. Ahora sí, se podría avanzar en la “seguridad jurídica”, que llevaría a empresas a invertir en el país. Pero...

El “sinceramiento” de la economía fue brusco. Se hizo mal. Como tantas otras cosas. Los parches posteriores (límite del 400% a residenciales, del 500% a pymes) no alcanzaron a detener el malestar y la ola de reclamos ante la justicia. Simplemente, la gente no lo puede pagar. Los empresarios, tampoco.

Con un paso burocrático, porque nunca frenan el aumento, el gobierno hubiese tenido el aval judicial que hoy pone en jaque todo su plan económico. No hubo audiencia pública, y desde ahí numerosos jueces en todo el país hicieron lugar a los amparos pedidos por clubes de barrio, por intendentes, por gobernadores, por concejales, por cámaras empresarias.

Ahora, la Corte Suprema deberá definir si mantiene la suspensión del tarifazo de gas, dictado el último jueves, y no se descarta que se expida sobre el incremento de la luz. Si la implementación se retrasa, el gobierno no tendrá mucho margen para volver a la carga con nuevas subas, que dispararían otra vez una inflación que, lejos de bajar, subió considerablemente.

Macri desperdició capital político, perdió tiempo y, en el amanecer de un año electoral, repetir una fórmula que ya fracasó sería fatal. Por eso, desde distintos ministerios ya tienen el plan B.

El primero fue un fracaso.