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16 de febrero de 2016
La Justicia procesó a Aníbal Fernández, Juan Manzur y Daniel Gollán por el plan Qunita
El juez federal Claudio Bonadio procesó a los funcionarios vinculados con la licitación del programa de reparto de kits para embarazadas que lanzó el kirchnerismo. Además trabó embargos por $440 millones
El gobernador de Tucumán, Juan Manzur; el ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ex ministro de Salud, Daniel Gollán quedaron más complicados en la causa que investiga la licitación del plan de reparto de kits para embarazadas Qunita. El juez federal Claudio Bonadioprocesó a estos tres funcionarios kirchneristas y a otras 20 personas por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
El Programa Qunita del Ministerio de Salud, lanzado a principio de 2015, se destinó, según su página web, a "todas las mujeres embarazadas de la Argentina que reciben la Asignación por Embarazo (AUE) que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses)". La diputada porteña Graciela Ocaña hizo una denuncia a partir de lo publicado por el sitioEliminando Variables y comenzó una investigación judicial. Para el juez Bonadio, la licitación fue dirigida por los funcionarios públicos para beneficiar con un millonario contrato a empresas que no tenían experiencia en negocios similares. La firma Fasano (sin actividad en el rubro de las cunas y artículos para bebés) fue favorecida con un contrato de 903 millones de pesos para proveer de 115.000 de los 140.000 kits que contempla el programa Qunita. Además de la cuna de encastre y construida en fibrofácil, el kit contiene entre otras cosas prendas para bebés, un colchón, sábanas, chupete, mordillo, sonajero y termómetro. La empresa Fasano, que se quedó con la mayor parte del negocio, fue la que más caro cobró cada kit al Estado: 7850 pesos. Los integrantes de las otras firmas que se favorecieron con el contrato –Delta Obras y Proyectos, Compañía Comercial Narciso, Grupo Diela SRL, Dromotech, y Fibromad también están entre los acusados. "Los informes demostraron que la calidad de los productos podrían generar accidentes. Era una buena idea, podemos coincidir todos en eso, pero no se puede admitir que se haya montado un negociado enorme", aseguró Ocaña una vez que se conoció la decisión del juez Bonadio.
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