Los jueces Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah, miembros de la Sala I de la Cámara Federal, comenzarán a definir el mes que viene el futuro del presidente Mauricio Macrien la causa de las escuchas ilegales, en la que fue sobreseído a fin de año pasado luego de estar casi seis años procesado.

Se trata de los mismos jueces que en 2010 confirmaron el procesamiento de Macri al considerarlo parte de una asociación ilícita y a quienes el entonces jefe de Gobierno porteño calificó como instrumentos de una maniobra política.

La Cámara fijó para el próximo 10 de marzo una audiencia con la querella de Néstor Leonardo, ex cuñado de Macri y víctima de las escuchas, que apeló el sobreseimiento y pidió que el Presidente sea enviado a juicio oral y público. El abogado de Leonardo, Luis Conde, deberá informarle a la Cámara si quiere que la audiencia sea oral o si presentará un escrito. En ambos trámites tendrá la posibilidad de ampliar los fundamentos de su apelación.

Después de la audiencia, los camaristas deberán resolver si confirman el sobreseimiento de Macri o lo revocan y lo envían a juicio oral.

En mayo de 2010, el juez Oyarbide había procesado a Macri por los delitos de asociación ilícita, falsificación de documento público e intercepción de llamadas. Dos meses después, Freiler, Ballestero y Farah confirmaron esa resolución.

"El jefe de Gobierno no era ajeno a la apuesta del aparato de inteligencia clandestino aun cuando podía estar al margen de los detalles de su funcionamiento", sostuvieron los camaristas. Con esa resolución Macri quedó a un paso de ser enviado a juicio oral.

Tras la confirmación del procesamiento, el entonces jefe de Gobierno dio una conferencia de prensa en la que criticó duramente a los jueces y al ex presidente Néstor Kirchner. "La cantidad de mentiras que dice el fallo es aberrante. Es una maniobra política transformada en una causa judicial. Necesitamos un Consejo de la Magistratura que actúe de forma independiente y no como un instrumento más de manos de quien gobierna hoy, Néstor Kirchner, para amedrentar y buscar cuáles son las vulnerabilidades hoy de Ballestero y de Farah y de hace unos meses de Oyarbide", había dicho Macri.

Pero luego la causa cambió de juez. En marzo de 2014, el magistrado Sebastián Casanello envió a todos los acusados del expediente a juicio excepto a Macri, sobre quien dijo que restaban pruebas por realizarse. Finalmente, Macri fue sobreseído porque Casanello consideró que de las nuevas pruebas no había elementos para acusarlo penalmente por las pinchaduras de los teléfonos de Leonardo y de Sergio Burstein, dos de las víctimas del caso.

El fiscal Jorge Di Lello dictaminó por el sobreseimiento de Macri. Pero las querellas de Burstein y Leonardo pidieron que vaya a juicio oral. Entendieron que era el único que podía interesarse en lo que hablaban. Ante el sobreseimiento, Leonardo apeló pero Burstein desistió de continuar la causa.

La Sala I de la Cámara Federal volvió a intervenir en el expediente en julio del año pasado, cuando rechazó un pedido de sobreseimiento de Macri. En esa ocasión la decisión fue dividida. Freiler y Ballestero votaron por no hacer lugar al pedido, mientras que Farah se inclinó por darle el sobreseimiento al entonces jefe de Gobierno y candidato presidencial.

Los jueces Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah deben definir la situación judicial de Macri.  

En la causa se investigó una red ilegal de espionaje que se formó desde el gobierno porteño cuando el comisario Jorge "Fino" Palacios asumió como jefe de la Policía Metropolitana. La Justicia determinó que se intervenían ilegalmente teléfonos desde causa penales que tramitan en Misiones de personas que nada tenían que ver con esas investigaciones con la única intención de buscar una manera de apariencia legal para poder escucharlas.

En la causa ya fueron enviadas a juicio oral 11 personas, entre ellas Palacios, el ex ministro de Educación porteño Mariano Narodowski y el supuesto espía Ciro James. El juicio quedó a cargo del Tribunal Oral Federal 5 que fijó para septiembre de 2017 el inicio del proceso.