El lunes, cuando su nombre empezaba a sonar otra vez con fuerza, Ibar Esteban Pérez Corradillamó a uno de sus abogados, de vacaciones en las playas uruguayas. Primero lo hizo mediante un aparato que distorsiona la voz. Carlos Broitman, el letrado que lo asiste, le hizo algunas preguntas para certificar que quien estaba del otro lado de la línea era su defendido. El prófugo, sindicado por la Justicia como el autor intelectual del triple crimen de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, apeló luego a un sistema de triangulación de llamadas y recobró su tono de voz natural.

Hablaron durante unos veinte minutos, según se pudo reconstruir desde el entorno de la defensa. El prófugo le envió un mensaje que la defensa plasmó por escrito y al que Infobae pudo acceder: "Estoy completamente convencido de lo que es el sistema judicial de Argentina; solicité ir a Estados Unidos, pero no pude porque tengo una causa abierta". Es la frase a la que apeló Pérez Corradi -un protagonista clave en el tráfico de efedrina que afloró brutalmente en nuestro país durante el primer mandato de Cristina Kirchner- para defenderse. Enumeró además una serie de excusas vinculadas al por qué de su decisión de profugarse: el financista está prófugo de la Justicia argentina y norteamericana desde hace más de tres años y medio. Según trascendió de sus abogados, el fugado también les envió documentación a Uruguay para preparar su defensa, que habría sido certificada por escribano, en caso de que decida finalmente entregarse a la Justicia.

La incógnita de los investigadores y del nuevo Gobierno es la verdadera finalidad de la estrategia de la defensa del prófugo, ejercida por Broitman y por el ex comisario bonaerense Juan José Ribelli. ¿Pérez Corradi tiene que entregarse? ¿O es una nueva maniobra para desviar la atención y, mientras tanto, negociar para concentrar todos los expedientes en la Justicia federal? ¿Por qué en todo caso querría irse a Estados Unidos, si el delito por el que allí quieren juzgarlo también prevé penas duras? Demasiados interrogantes.

Los investigadores recuerdan dos antecedentes. El primero se remonta al 2008, luego de que los Estados Unidos alertara por el tráfico de pastillas de oxicodona en aquel país: el ex empleado del Banco Nación decidió entregarse en los juzgados federales de San Isidro. Tras su estadía en la cárcel de Ezeiza, la jueza Sandra Arroyo Salgado, que dio luz verde al pedido de extradición de los Estados Unidos, lo liberó por cuestiones procesales, al igual que su par Norberto Oyarbide, que investigaba en aquel entonces un presunto lavado de dinero del financista en el marco de la causa denominada "la mafia de los medicamentos".

El segundo antecedente data de marzo del 2012, tras el pedido de detención de Juan Ignacio Bidone, el fiscal de Mercedes que investigó el Triple Crimen. Horas después de los allanamientos dispuestos por el funcionario, Broitman y Ribelli pidieron reunirse con el fiscal. Lo hicieron en la casa del financista, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, mientras los investigadores allanaban la vivienda. Los letrados pidieron garantías y aseguraron que se entregaría, como ahora. Su paradero es todavía incierto: meses después de escaparse, la policía casi lo encuentra en cercanías de un salón para mascotas en la localidad bonaerense de Moreno.

Ahora, los investigadores están convencidos de que la estrategia de la defensa apunta a aglutinar en la Justicia federal las causas que pesan sobre el prófugo. El objetivo es desmarcarse de la Justicia de Mercedes, bajo el pedido de "jueces imparciales", por una sencilla razón: según fuentes judiciales, allí hay sobradas pruebas en relación al móvil de los asesinatos de Forza, Ferrón y Bina en manos de los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor y Marcelo Schillaci, los tres primeros recapturados tras la reciente fuga de casi una quincena. Pérez Corradi mandó a matar a los tres jóvenes en agosto del 2008 por una cruel disputa en torno al negocio ilegal de la efedrina y la provisión a los carteles mexicanos, en el contexto del impactante laboratorio bonaerense de Maschwitz desbaratado un tiempo antes, según se desprende de la sentencia del juicio por el Triple Crimen.

Ayer, después de pasearse por los tribunales federales porteños de Comodoro Py y tras el aumento a 2 millones de pesos de la recompensa que pesa sobre el fugado, Ribelli –que estuvo involucrado en el caso AMIA y sobre el que hay testimonios que lo vinculan con Martín Lanatta- y Broitman –también defensor del narcotraficante Henry de Jesús López Londoño, alias "Mi Sangre", y del ex financista Guillermo Greppi, entre otros- trataron de entrevistarse con la ministra Patricia Bullrich para tratar de negociar una supuesta entrega de su cliente. Dejaron un escrito en la oficina del jefe de Gabinete del ministerio, Pablo Noceti, aunque en el entorno de los letrados abundan las sospechas en torno a una eventual negociación con la propia ministra. "No hubo contacto, no los recibimos y no hay canales de diálogo", rechazaron voceros de Seguridad.

Las hipótesis en torno a una eventual entrega de Pérez Corradi también apuntan a la purga en la ex SIDE y al cambio de gobierno. Su defensa sabe que los investigadores cuentan con información que podría conducir al prófugo, según fuentes oficiales y judiciales recluido en un país limítrofe. Hasta ahora, el fugado fue excesivamente celoso de su paradero, muy cuidadoso de sus movimientos. Aseguran, de hecho, que está al tanto de todo. Un ejemplo: cuando lo allanaron, los funcionarios se encontraron con un exhaustivo historial de noticias vinculadas a su figura, al negocio de la efedrina y a la investigación por el Triple Crimen.

Sin embargo, además de la Policía Federal, la AFI también se sumó ahora a la cacería del sindicado como autor intelectual del Triple Crimen. La jueza María Romilda Servini de Cubría, que investiga la importación desproporcionada de efedrina y el desvío al mercado negro por parte de empresarios y la complicidad con funcionarios del Sedronar, podría apurar en las próximas semanas algunas pruebas vinculadas al prófugo.

En el caso de Mercedes, y si llegara a ser detenido, Pérez Corradi sería indagado y, en caso de encontrar elementos, afrontaría un nuevo juicio oral por su supuesta responsabilidad en los asesinatos de Forza, Ferrón y Bina.