Casi 4 de cada 10 hogares de la Argentina consideraron que sus ingresos no les alcanzan para cubrir sus necesidades de consumo. El dato corresponde a un anticipo del informe del Observatorio Social de la UCA, que analiza la evolución social entre 2010 y 2013 y que será presentado esta semana.

El estudio señala que “la insuficiencia de ingresos evolucionó desfavorablemente entre 2010 y 2013” ya que pasó del 33,4 al 39,2%. Y que “los que evidenciaron un mayor empeoramiento de su situación fueron los sectores más desfavorecidos de la sociedad, especialmente aquellos hogares ubicados en villas y asentamientos precarios”. Al mismo tiempo, precisa que luego de una mejora en 2011, se redujo la capacidad de ahorro de las familias y de la gente.

Todos estos datos evidencian, según el informe, que las familias tienen una percepción subjetiva negativa sobre la evolución de sus ingresos, a pesar que mucha gente está asistida a través de planes sociales que se ampliaron en los últimos 4 años.

Con seguridad, esa percepción se deterioró aún más en lo que va de 2014. Es porque se disparó la inflación (40% anual), por la recesión en la que ingresó la actividad económica desde fines de 2013 y el estancamiento del empleo. También porque se redujeron las horas trabajadas (suspensiones) y hasta hubo pérdida de puestos de trabajo en sectores claves como la industria y la construcción.

“A pesar de los avances socioeconómicos y político-institucionales logrados durante los últimos años, nuestra sociedad concentra un núcleo duro de sectores excluidos del progreso humano”, advierte el informe.

Según la UCA, la pobreza a fin de 2013 era de 27,5%. En tanto, luego de fuertes cuestionamientos por la manipulación de los precios y de los valores de las canasta básica, a partir de este año el Gobierno dejó de medir tanto la indigencia como la pobreza.

El informe destaca que en estos años hubo un incremento de la gente cubierta por los programas sociales del Estado y que en 2013, “alrededor de 2 de cada 10 hogares de los principales centros urbanos eran receptores de alguna política social de empleo o de transferencia de ingresos”.

Sin embargo “este hecho no se tradujo en un cambio estructural significativo en relación con la necesidad de cada sector – según nivel socioeconómico, ocupacional o condición residencial del hogar – de recurrir a tales programas como estrategia de subsistencia”.

Aun así, que tanta gente tenga que ser asistida a través de planes sociales revela al mismo tiempo “la existencia de una población vulnerada en cuanto al acceso a un empleo pleno de derechos y al sistema de protección correspondiente”.

De aquí se desprende que todos los indicadores sociales serían más graves sin las transferencias de los planes sociales. Pero marcan también que esos planes sociales son de subsistencia, ayudan en muchos casos a mitigar la indigencia, pero no resuelven ni los altos niveles de pobreza ni las demás carencias en materia de salud, vivienda y bienestar.

Agustín Salvia, Coordinador del informe, le dijo a Clarín que un dato preocupante es que la pobreza estructural, medida por la privación de las familias de los alimentos básicos se mantuvo en torno del 12% de los hogares, con mayor incidencia entre las familias con niños. A su vez, entre las familias de escasos ingresos la “inseguridad alimentaria” alcanza hasta el 30% de los hogares.

Salvia también destacó que el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) no presentó mejoras, aunque sí hubo una ampliación de los servicios domiciliarios de agua y cloacas, no así el acceso a la red de gas natural.

Aún así, “en villas y asentamientos precarios, la reducción del déficit ha sido menor o incluso ha ido en aumento”, explica.

Tanto o más grave es el deterioro de las condiciones socioambientales. El estudio dice que “el 22% de los hogares urbanos habita en áreas contaminantes cercanas a basurales o fábricas”, situación que se agravó respecto de 2010 para los hogares en villas y asentamientos precarios ya que para 2013 más de 6 de cada 10 hogares estaban situados en las cercanías de estos focos de insalubridad.

De todas maneras, el informe precisa que “este indicador atraviesa a todos los grupos sociales y contextos socio-residenciales, dada la magnitud y visibilización pública que ha tomado esta problemática”.