>A través de un decreto firmado el miércoles, el gobernador Rogelio Frigerio ordenó la suspensión de los incrementos salariales de cualquier tipo de funcionarios y personal fuera de escalafón de la administración pública de Entre Ríos. La medida regirá a partir del 1° de julio y alcanzará también a entes autárquicos, autónomos, sociedades y empresas del Estado.

Cabe consignar que a comienzos de agosto, Entre Ríos tendrá que afrontar el pago de casi USD 60 millones por vencimientos de capital e intereses del bono emitido en Nueva York en 2017, durante la gestión del justicialista Gustavo Bordet.

La medida anunciada en la noche del miércoles no alcanza a los sueldos de empleados del Estado y docentes. Sus haberes seguirán fijándose a través de la negociación paritaria.

En el decreto, el Ejecutivo resaltó también que el equilibrio fiscal es un “deber del Estado” que está contenido en el artículo 35° de la Constitución provincial vigente desde 2008.

Por eso, se tuvieron que implementar medidas “en todos los ámbitos con el objetivo de continuar con la atención de las obligaciones fundamentales”. Casi en paralelo, el Gobierno definió hace unos días recortes en las horas extras que percibían algunos sectores de la Administración, lo que motivó la queja de los gremios estatales.

En la norma, Frigerio invitó a los otros poderes del Estado a plegarse a esta decisión. El oficialismo tiene margen en ambas cámaras legislativas para avanzar en el mismo sentido. Incluso a horas de que se haya hecho pública la determinación, la bancada oficialista en Diputados emitió un documento en el que expresó: “Avalamos la decisión anunciada por el Poder Ejecutivo. Porque somos conscientes de que hay que salir de esta situación de crisis, que heredamos y no buscamos, pero que obliga a actuar sin especulaciones y con la seriedad que el momento merece”.

El congelamiento de los aumentos de los funcionarios no tiene plazos prefijados de duración. Sin embargo, el artículo 4° del decreto faculta al ministro de Hacienda, Fabián Boleas, a disponer por resolución la modificación o el cese de la suspensión de incrementos de haberes.

Para avanzar en tal sentido, la cartera Económica deberá considerar la evolución de los números de la provincia.