El caso representa uno de los episodios judiciales más significativos desde el retorno de la democracia en 1983, situando a Cristina Kirchner como la segunda ex mandataria, después de Carlos Menem, en ser condenada por delitos de corrupción en el ámbito nacional. La Corte argumentó que las sentencias de los tribunales inferiores estaban basadas en pruebas abundantes, afirmando que no se había violado ninguna garantía constitucional ni el debido proceso a lo largo del juicio. Los jueces sostuvieron que las sanciones impuestas son las que determina el ordenamiento jurídico vigente, defendiendo así la estabilidad de un sistema democrático regulado por leyes penales.