>El Gobierno prepara una modificación de raíz en la relación tributaria que tiene la Nación con las provincias y buscará un cambio en el formato con el que se determina un impuesto central del sistema impositivo como es el IVA. Para eso, el equipo económico tiene avanzado y en etapa de cierre un proyecto de ley de reforma integral que pondrá a discusión en el Congreso, posiblemente después de las elecciones legislativas.

La modificación es importante y requerirá el visto bueno del Congreso porque modificaría de cuajo una parte relevante del entramado tributario vigente. Es por eso que se trata de un cambio que estará integrado a un proyecto más amplio que abarcará otros impuestos. El impuesto al cheque (1,2% sobre transferencias bancarias) está en la mira para darle una fecha cierta de finalización, que podría ser el fin de este año.

De todas formas ya tomó alguna medida relacionada a ese tipo de impuestos y creó un portal unificado tributario para que las empresas puedan tener acceso a todas las jurisdicciones en un mismo sitio y de esa forma evitar que haya distintos esquemas diferenciados de cobro de percepciones en cada provincia. Es un problema habitual para empresas que tienen actividad en distintas gobernaciones, con sus propios esquemas de retenciones o alícuotas de Ingresos Brutos.

Sobre el nuevo esquema para el IVA, según pudo saber Infobae, la idea es “partir” al impuesto en dos. La Nación continuará con un alícuota de base del 9%, del 21% que tiene hoy ese gravamen como tasa, más allá de alícuotas recortadas y excepciones que tienen algunos bienes o servicios. Ese 9% tiene sentido al entender cómo es la coparticipación “primaria” del IVA.

De todo lo que se recauda por ese concepto, el 42% del total queda en la Nación y el resto es repartido hacia el conjunto de provincias y una parte menor para fondear los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que administra la cartera de Interior, hoy denominado en el gabinete como Vicejefatura de Gabinete del Interior. Ese 42% implicaría, de manera lineal, que a la Casa Rosada le corresponden eso 9 puntos porcentuales del 21% total.

La parte más novedosa llegará para los 12 puntos porcentuales restantes: la idea que sobrevuela en los despachos oficiales y que buscará ser plasmado en el proyecto de ley de reforma tributario es establecer un esquema con “criterios objetivos”, según definió una fuente con conocimiento de ese tema. Ese criterio estaría determinado por el nivel de gasto que cada provincia necesite cubrir.

“Eso va a obligarlos rendir cuenta y competir entre ellas porque la que necesite menos dinero puede poner una tasa más baja y entonces se haría transparente lo que hoy no vemos que es el subsidio a los gastos provinciales”, comentó.

Por su parte, el asesor financiero Federico Domínguez planteó que no se necesitaría un cambio en el régimen de coparticipación general, sino que “perfectamente con una ley aprobada por mayoría simple en cada cámara, se podría eliminar el IVA y, al mismo tiempo, reemplazarlo por un IVA no coparticipable con una alícuota menor, permitiendo luego que cada provincia fije su propia alícuota de IVA provincial”.

“Las provincias grandes tendrían mayores incentivos para apoyarlo, pero la mayor competencia beneficiaría a todos”, apuntó. Su mensaje fue replicado por el presidente Javier Milei en su cuenta de X.

“En un trabajo reciente que hicimos para Iaraf calculamos, dada la recaudación actual de Ingresos Brutos y de IVA, cuál sería una alícuota que sustituiría toda la recaudación de Ingresos Brutos. Bajo distintos escenarios, esa alícuota estaría entre el 9 y el 11%, con lo cual en ese caso la nueva alícuota de IVA, sería mucho más elevada”, proyectó.

Se trata de una propuesta inspirada en un ejemplo reciente en Brasil y en un ensayo con pequeños contribuyentes en Córdoba, y que fue presentado por el presidente de la Fundación Mediterránea -y ex director de Anses durante este gobierno- Osvaldo Giordano.

La recaudación de ese “Súper IVA” seguiría estando a cargo del fisco nacional, que luego debería distribuir los fondos correspondientes a cada provincia. Los creadores de esa iniciativa aseguran que el objetivo es reducir la carga administrativa para los contribuyentes y mejorar la eficiencia en la recaudación.

El Gobierno anticipó que la meta será extender al resto de la economía los beneficios tributarios que hoy existen, por ejemplo, para las empresas que ingresen al RIGI. Una de las ideas en evaluación es reducir la cantidad de impuestos sin afectar significativamente la recaudación, priorizando la eliminación de tributos de bajo impacto fiscal. También se mencionó la posibilidad de reducir en 90% la cantidad de impuestos que conforman el sistema tributario.