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25 de abril de 2025

El Gobierno le sacó el monopolio de los sueldos públicos al Banco Nación: en qué bancos podrán cobrar los empleados estatales

La apertura de ese negocio a otras entidades es parte del plan oficial para que las empresas públicas no tengan privilegio a la hora de ser contratadas para brindar servicios al Estado. Los casos de YPF y Nación Seguros

>El Gobierno de Javier Milei adjudicó este jueves a once bancos la posibilidad de brindar el servicio de apertura, gestión y mantenimiento gratuito de cuentas sueldo para empleados públicos, un paso clave en la intención oficial de desregular el monopolio que tenía el Banco de la Nación Argentina (BNA).

La Decisión Administrativa 9/2025 de la Jefatura de Gabinete, publicada esta mañana en el Boletín Oficial, formalizó la adjudicación del “servicio de apertura, gestión y mantenimiento gratuito” de cuentas sueldos por el término de tres años con opción de prórroga de un año adicional.

Las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional que así lo requieran podrán utilizar, además del BNA, los nuevos proveedores seleccionados:

    La Decisión Administrativa también desestimó las ofertas presentadas por Banco Hipotecario, Banco Ciudad y Brubank.

    El decreto 70/2023 contemplaba que las empresas en las que el Estado Nacional sea parte accionista no gozarían más de ninguna prerrogativa de derecho público ni podrá el mismo disponer ventajas en la contratación o en la compra de bienes y servicios, ni priorizar u otorgar beneficios de ningún tipo, alcance o carácter en ninguna relación jurídica en la que intervenga.

    Luego, mediante el decreto 747/2024, se derogó en agosto pasado la obligación de implementar el pago de haberes al personal de las jurisdicciones y entidades de la Administración pública mediante el Banco Nación, además de la obligación de rescindir todos los contratos vigentes con el BNA en el plazo de un año.

    A su vez, calificó de “nefasta” la medida que impulsó Fernández durante su presidencia, porque “obligaba a comprarle los seguros a Nación Seguros”, y detalló una serie de irregularidades que, hoy, son materia de investigación judicial.

    “Tan grotesco era el sistema que se contrataba a un “broker” para que logre una contratación que era obligatoria por ley. El Decreto 1191/12 obligaba a comprar los pasajes con la unidad básica camporista de Optar SA. El Decreto 1187/12 que obligaba a los empleados públicos a cobrar los sueldos en el Banco Nación impidiendo un ingreso por la gestión de esas cuentas que es un ahorro para el Estado, y el Decreto 1189/12 que obligaba a comprar combustible a YPF sin que el Estado pudiera compulsar precios más baratos. Todos estos decretos implicaban una transferencia de recursos del contribuyente a estas empresas. Eso se acabó”, justificó.

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