17 de diciembre de 2024
En Chaco, más del 66% de los beneficiarios cobraba de manera irregular una pensión por incapacidad laboral
Una nueva auditoría de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) reveló datos increíbles: en una localidad, más del 80% percibía por parte del Estado Nacional ese subsidio sin cumplur los requisitos. A una mujer se e otorgó la pensión por la amputación de un brazo, pero el diagnóstico médico era falso
>El gobierno nacional denunció esta mañana que que en el Chaco más del 60% de los auditados incumplía con los requisitos para cobrar una pensión no contributiva por invalidez laboral. Las auditorías sobre los más de 1.250.000 beneficiarios son realizadas por Agencia Nacional de Discapacidad, a cargo de Diego Spagnuolo. Actualmente se realizan operativos en varias localidades de la provincia gobernada por Leandro Zdero; sin embargo, las que están bajo la lupa fueron otorgadas durante la gestión de Jorge Milton Capitanich.
Otros 1.796 (66.79%) resultaron desfavorables al no cumplir con las exigencias necesarias para mantener la pensión no contributiva por invalidez laboral, por lo cual “serán dados de baja”, según le adelantaron a este medio funcionarios de la cartera Salud que está a cargo de Mario Iván Lugones. Por su parte, otros 345 beneficiarios (un 12.83%) no se presentaron a la auditoría. Además, 183 casos (un 6.81%) se encuentran actualmente en “fiscalización médica”.
Los resultados de las auditorías, pero sobre todas las chaqueñas, a la que aludió el vocero presidencial Manuel Adorni resultan impactantes. El trabajo al que accedió este medio revela que, por ejemplo:- De manera paralela al “escándalo chaqueño”, una investigación judicial y una auditoría del Gobierno puso en relieve las arbitrariedades y los abusos que existieron durante más de una década y media en la entrega de pensiones no contributivas por discapacidad laboral y que han puesto en riesgo el normal funcionamiento de una de las áreas más sensibles destinada a proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad, como niños con Síndrome de Down, Autismo, Trastornos del Espectro Autista como, Síndrome de Asperger, retraso mental y retraso madurativo, entre muchísimas otras. Las investigaciones revelan un aceitado esquema de corrupción que involucra a médicos, gestores y funcionarios; y la displicencia con la que se otorgaban estos beneficios a quienes no lo necesitaban en desmedro de personas que durante años han intentado obtener la subvención, que representa el 70% de una jubilación mínima y fueron rechazados.
En el marco de un proceso de auditorías iniciado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a mediados de este año, a raíz de las irregularidades encontradas al inicio de la gestión en los procesos de entrega de pensiones no contributivas por invalidez laboral, se han desarrollado diversos operativos que continuarán en todo el país con el fin de brindar transparencia en los procesos y que los beneficios lleguen a quienes realmente lo necesitan.
En este contexto, a las auditorías realizadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincia de Buenos Aires, y a los cruces de datos con otros organismos, se sumaron en los últimos días una serie nuevos operativos en la provincia del Chaco, alcanzando las localidades de Taco Pozo, Sáenz Peña, Las Breñas, General San Martín, Presidente de la Plaza y Castelli.Las investigaciones revelan un aceitado esquema de corrupción que involucra a médicos, gestores y funcionarios; y la displicencia con la que se otorgaban estos beneficios a quienes no lo necesitaban en desmedro de personas que durante años han intentado obtener la subvención.
Un informe de la ANDIS al que accedió Infobae afirma que durante la gestión de Alberto Fernández “El desvío de fondos fue de un 40% sobre el monto anual destinado a pensiones no contributivas por discapacidad”. El dolo por estas maniobras fueron estimadas en uno “3.400 millones de dólares anuales”; y explican que la red corrupta solo podría haber funcionado porque: “No había controles médicos en la ANDIS. Se aprobaban los expedientes sin una auditoría médica”.“En Chaco hay más personas con invalidez que en Ucrania”, le dijo a Infobae el fiscal federal de esa provincia, Carlos Amad quien investiga dos causas que involucran a más de 24.000 pensiones otorgadas en los últimos cuatro años en 37 localidades chaqueños. En la Alcaldía de Taco Pozo, por ejemplo, el 10% tiene una pensión no contributiva por invalidez laboral. La causa ya tiene nueve imputados, entre ellos el intendente Carlos Antonio Ibáñez, médicos, directores del Hospital Rural Santa Rosa de Lima y “gestores”, vinculados a la organización, que cobraban hasta $30.000 para iniciar los certificados con datos falsos y dar origen al expediente que, en su etapa final, eran aprobado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). “En Taco Pozo el 97 por ciento de esas pensiones son truchas”, informó el fiscal al ser consultado.Desde la Casa Rosada le dijeron a este medio que: “Durante las gestiones anteriores, las pensiones fueron utilizadas como moneda de cambio para favores políticos, otorgándolas a personas que no cumplían con los requisitos de invalidez laboral o discapacidad”.
Por su parte desde la ANDIS describieron que: “Todo esto, además de ser otro curro más de la casta, vulnera gravemente los derechos de las personas con discapacidad y es injusto con los ciudadanos de bien que pagan sus impuestos pensando que éstos van destinados a la ayuda de quienes lo necesitan y en realidad son usados para el negociado político y el beneficio de unos pocos, rompiendo la igualdad ante la ley”.
