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9 de junio de 2015
Empresarios pidieron un Estado menos intervencionista y respeto por las instituciones
Las 68 cámaras que nuclea el Foro de Convergencia Empresarial mandaron un documento a precandidatos presidenciales para discutir el rol estatal. Insisten con quitar la polémica ley de Abastecimiento
¿Más o menos Estado? La discusión en torno al papel que deber jugar en la Argentina, su relación y diferencia con el Gobierno fue la columna vertebral de un nuevo documento del Foro de Convergencia Empresarial (FCE). Bajo el nombre de "El rol del Estado y el buen gobierno Republicano", la presentación surge de la puesta en común de preocupaciones y propuestas por parte de 68 cámaras empresarias que representan casi el 80% de de los empleados de todo el país.
Miguel Blanco, coordinador del Foro, fue el encargado de presentar el documento ante más de 250 asistentes en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UBA. "Ya se lo entregamos a todos los precandidatos presidenciales, pero todavía no tuvimos devolución del contenido. Debe ser por esta etapa de las elecciones", aseguró el director General de Swiss Medical.
Bajo la idea de que el papel del Estado no se discutió "con profundidad" en en país, Blanco aseguró que nunca se debe llegar a los extremos. "No debe haber una intervención total del Estado, pero sí proveer un contexto para el desarrollo pleno de sus habitantes. Tampoco se debe imputar al sector privado: no hay que sustituiro donde puede desarrollarse en un sector de la economía en un marco de sana competencia", diferenció.
El creciente peso de la financiación del Estado y la presión impositiva record son las dos críticas principales del documento, a lo que se suma el pedido del empresariado de quitar la ley de Abastecimiento. "El gobierno no debe regular precios, si asegurar competencia leal", sintetizó Máximo Fonrouge, Conjuez del fuero Contencioso Administrativo. Y agregó: "Si el Estado decide incusrionar en la activifda privada, debe estar sometido a las mismas reglas y sin privilegios".
Visto bueno a políticas sociales
La Asignación Universal por Hijo (AUH) fue la política del kirchnerismo más destacada durante el panel de economistas, abogados y empresarios, que no sólo pidieron mantener este beneficio social, sino convertirlo en una "política de largo plazo". Alberto Dalla Vía, juez de la Cámara Electoral; José Nun, ex Secretario de Cultura de la Nación; el economista Orlando Ferreres y Guillermo Lipera, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, también participaron del debate, con el periodista Pablo Rossi como moderador.
Ferreres recordó la situación económica que ostentaba Argentina entre los países desarrollados en 1910 con un ingreso per cápita de u$s10.000 por habitante, posición que perdió por no tener una estrategia de largo plazo."Entre 1944 y 2004, la Argentina tuvo una inflación anual promedio del 74%, cuando lo aceptable para estar dentro de la corriente de inversión es tener hasta un 5 por ciento", diferenció el economista de la consultora homónima.
"Hay que insistir en la institucionalización total del país", sugirió. "Hay u$s370.000 millones que se fueron desde 1933 y es como tener otra Argentina que da empleo en otros países".
Por su parte, Nun destacó que el documento "es un esfuerzo por no quedarse sentado ni callado a ver qué pasa y por eso tiene que ser aplaudido. No se trata de lograr consenso, el consenso es un término de origen religioso que supone fundirse en un solo alma. Se trata de encontrar puntos de acuerdo en posiciones distintas", aseguró, con fuertes críticas al populismo de los últimos años. La falta de seguridad jurídica que frena las inversiones en el país no se quedó atrás en el debate, y en el pedido de un mayor respeto por las instituciones, resaltaron la falta de independencia de los organismos de control. "Salvo la AGN, todos los organismos de control están subordinados a la voluntad del poder que tienen que controlar", dijo Nun. La "emergencia económica" y los decretos de necesidad y urgencia (DNU) fueron otras críticas del documento. "Estamos en emergencia económica desde 1989. Esto da discrecionalidad al Estado y permite saltear controles", concluyó Fonrouge.
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