Un mensaje de la Autoridad Administrativa de Telecomunicaciones colgado en YouTube indica que esta prohibición fue ordenada como "medida administrativa".

Se trata del primer bloqueo de esta envergadura desde el decretado hace un año para impedir la difusión de acusaciones de corrupción contra el Gobierno.

Los sitios están inaccesibles para muchos usuarios en Turquía. El diario Hurriyet dijo que los proveedores de servicios recibieron un pedido de los fiscales para bloquearlos.

YouTube.com subió el texto de una sentencia judicial en su sitio, donde dice que las autoridades de Telecomunicaciones turcas habían tomado una "medida administrativa" contra la empresa.

Hurriyet agregó que el bloqueo alcanza a 166 sitios en total, acusados de difundir la foto del magistrado.

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El fiscal Mehmet Selim Kiraz murió el 31 de marzo pasado, luego de quedar gravemente herido durante el operativo de rescate en Estambul. En la operación, murieron dos terroristas del Partido Revolucionario de Liberación Nacional (DHKP-C) que habían secuestrado al letrado en su despacho.

Kiraz estaba a cargo de la investigación de la muerte de un joven, llamado Berkin Elvan, durante las manifestaciones antigubernamentales de 2013, cuando recibió en el cuello el impacto de una bombona de gas lanzada por la policía.

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Elvan murió el 11 de marzo de 2014, tras pasar en coma 269 días. Según su familia, el joven había salido a comprar el pan.

La foto del fiscal amenazado por los terroristas recorrió el mundo por su crudeza. Y tras su muerte, víctima de un operativo fallido de rescate, ha terminado por incomodar al gobierno de Recep Erdogan.

El 1 de abril, la policía turca detuvo a 22 estudiantes presuntamente vinculados al grupo clandestino que reinvindicó el secuestro.

Una multitud despidió los restos del fiscal Mehmet Selim Kiraz. Reuters

Según la agencia de prensa Dogan, la Policía intervino después de haber recibido información que sugería que el DHKP-C preparaba otras operaciones similares.

Censura oficial

Desde hace un año, el gobierno turco ha aprobado varias medidas controvertidas para intentar controlar internet y las redes sociales, a las que culpan de difundir las acusaciones de corrupción contra el presidente Recep Tayyip Erdogan y varios miembros de su equipo.

El parlamento turco votó el mes pasado una disposición que autoriza al gobierno a bloquear una página web sin el permiso de la justicia, una disposición que, sin embargo, había sido censurada por el Tribunal Constitucional el año pasado.