: “Fui elegido presidente democráticamente, mediante un proceso electoral limpio, cargo que ejerzo con honor, responsabilidad y honestidad; sin embargo se persiste en desconocer el triunfo del puebloâ€. (1/7)— Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu)
August 10, 2022
El presidente calificó la operación como "show mediático", fruto de "una confabulación entre una parte del Congreso, la FiscalÃa de la Nación y un sector de la prensa" para "desestabilizar el orden democrático", y la emparejó con otras acciones en su contra, como la pretensión de algunos congresistas de suspenderlo del cargo por supuestamente haber planteado una entrega de salida al mar para Bolivia.
Allanamiento en el Palacio de Gobierno
La noche del martes, en una acción sin antecedentes en la historia de Perú, un equipo de la FiscalÃa irrumpió en Palacio para buscar a Paredes, a quien se acusa de integrar una "organización criminal" para enriquecerse mediante la adjudicación de obras.
La administradora de 26 años, que reconoce a Castillo y a su hermana y primera dama, Lilia Paredes, como "padres putativos", no fue encontrada y se ignora su paradero. Según versiones de prensa, la operación se hizo en Palacio porque habÃa informes de que estaba allÃ.
Para la FiscalÃa, la cuñada del jefe de Estado coludió, entre otros, con el alcalde del distrito de AnguÃa, Nenil Medina, en cuya jurisdicción se proyectaron las obras, y los ingenieros Hugo y Angie Espino, de la empresa beneficiada. Los tres fueron detenidos el martes en distintas operaciones y permanecerán al menos 15 dÃas en detención preliminar.
El abogado del presidente, Benji Espinoza, calificó al allanamiento de "insólito" e "ilegal" y aseguró que en el documento de 30 hojas que le fue entregado como respaldo judicial "no habÃa ni una sÃlaba" que lo justificara.
"Nos pondremos de acuerdo. Lo consultaremos al pueblo. Yo tengo que gobernar en sintonÃa con el pueblo. ¿Y si no están de acuerdo? Yo me debo al pueblo, jamás harÃa cosas que el pueblo no quiere", dijo el mandatario en esa ocasión.
El tema estaba prácticamente olvidado, pero fue resucitado por Soto, Yarrow y Cueto para pedir la suspensión, que se obtendrÃa con los votos de la mitad más de uno de los 130 congresistas, es decir, 66.
Para la abogada y periodista Rosa MarÃa Palacios, crÃtica del Gobierno, esa cifra se puede conseguir, pero no hay sustento jurÃdico porque no hay dolo.
En eso coincide Espinoza, para quien el informe "tiene muchas hojas, pero ningún argumento jurÃdico serio". "Su destino debe ser el archivo. Ahà descansan los malabares jurÃdicos", apuntó.
Lo de la "traición a la patria" es una especie de plan C de la oposición para sacar a Castillo. El A consiste en obtener 87 votos en el Congreso para vacarlo (destituirlo) por "incapacidad moral" y el B es esperar que un juez lo suspenda.
Para el "plan A" las cosas están complicadas para los parlamentarios de la oposición radical. Una de ellos, MarÃa del Carmen Alva, presidenta del Congreso hasta el mes pasado, admitió que con los respaldos que mantiene el presidente solo se podrÃa llegar como máximo a 82 votos.
Lo de la "traición a la patria" es una especie de plan C de la oposición para sacar a Castillo. El A consiste en obtener 87 votos en el Congreso para vacarlo (destituirlo) por "incapacidad moral" y el B es esperar que un juez lo suspenda.
Las cuatro bancadas en que se dividió el oficialismo mantienen en ese aspecto fidelidad a Castillo, a lo que se suman cinco legisladores del aliado de izquierda Cambio Democrático para formar un bloque de 42 contra la vacancia. Algunos parlamentarios de otras bancadas de centroderecha tampoco respaldarÃan la salida.
En cuanto a la suspensión por parte de un juez, derivada de las cinco investigaciones fiscales por presunta corrupción que se llevan adelante contra el presidente, Espinoza y expertos independientes creen que no prosperará porque no hay la figura de traición a la patria, única válida.
Sin embargo, hay quienes creen que eso podrÃa cambiar si se considera que le mandatario usa el cargo para impedir las acciones judiciales y fiscales en su contra.
Una cuarta fórmula, que se maneja en la sociedad civil, es que el Gobierno y la oposición se pongan de acuerdo para anticipar para el año entrante las elecciones generales de 2026.
Pero el deseo confeso de la oposición parlamentaria es que Castillo se vaya y el Congreso siga en funciones, posibilidad que según el mismo sondeo solo es apoyada por un 2%. Eso se explica en que la popularidad del Gobierno solo llega a 24%, pero la del Congreso es aún más baja: 10%.
En ese marco, anuncios como el que formulara tras el allanamiento el legislador de derecha Carlos Anderson, en el sentido de que Castillo "tiene las horas contadas", podrÃan resultar muy relativos, al margen de que pocos analistas se atrevan a vaticinar que todo llegará hasta 2026.
Castillo, elegido por el partido de izquierda Perú Libre, al que renunció, ha estado asediado en especial por tres partidos de derecha "dura" -Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza PaÃs-, que trabajan desde el primer dÃa en su posible destitución.
A eso ha ayudado, según consideran incluso dirigentes de izquierda, los varios "errores no forzados" del Gobierno, que incluyen falta de liderazgo, nombramientos desacertados y maniobras oscuras de funcionarios o allegados. Etiquetas:
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