Ramiro González promovió una investigación para determinar si el gobierno nacional, a través de la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, cometió delito al presentar ante el juez federal Daniel Rafecas documentación que derivó en que desestimara la denuncia contra la presidente Cristina Kirchner por "encubrimiento" en la causa AMIA.

Se trata de la denuncia del difunto fiscal Alberto Nisman, quien había imputado a la Presidente, al canciller Héctor Timerman, y a otros dirigentes kirchneristas, que Rafecas desestimó pese al pedido de investigación del fiscal Gerardo Pollicita.

El fiscal González le solicitó al juez Sebastián Casanello una serie de medidas de prueba para determinar si las autoridades de la Procuración del Tesoro de la Nación, el cuerpo de abogados del Estado, pudieron haber cometido algún delito.

Abbona, y los subprocuradores Horacio Diez y Javier Pargament, hicieron una presentación judicial en la que sostuvieron que la denuncia de Nisman era un "entramado ficcional" y defendieron el dictado del memorándum de entendimiento con Irán.

Además, acompañaron el mail enviado por el secretario general de Interpol, Ronald Noble, al canciller Timerman, desmintiendo que el gobierno hubiera gestionado el levantamiento de las "alertas rojas" contra los imputados iraníes por el atentado contra la AMIA.

El fiscal general ante la Cámara Federal, Germán Moldes, denunció a los tres funcionarios por el delito de "peculado". "Los firmantes habrían excedido sus facultades funcionales y extralimitado las misiones específicas del organismo público que dirigen. Es que han utilizado los recursos materiales y humanos con que cuenta la Procuración del Tesoro en beneficio de terceros, personas físicas, no contemplados en las normas que rigen su funcionamiento", consideró Moldes.

El fiscal González promovió la investigación pero no formuló imputación alguna, todavía, contra Abbona y los subprocuradores. González solicitó como medidas de prueba copia de la presentación de la Procuración del Tesoro, de los antecedentes de los funcionarios denunciados y de la función del organismo.