Miércoles 5 de Octubre de 2022

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POLITICA

5 de marzo de 2015

A partir de hoy, el Gobierno tiene 120 días para estructurar la Agencia Federal de Inteligencia

El Ejecutivo promulgó la ley que crea el organismo y podrá "jubilar" a todos los agentes que quiera de la antigua secretaría. El Congreso pidió "una profunda reformulación del proceso de ingreso de personal"

El Poder Ejecutivo promulgó este jueves la ley que crea la Agencia Federal de Inteligencia, y disuelve la antigua Secretaría de Inteligencia.   Según detalla el texto publicado en el Boletín Oficial, las principales funciones del nuevo organismo serán, en primer lugar, "la producción de inteligencia nacional mediante la obtención, reunión y análisis de la información referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la defensa nacional y la seguridad interior, a través de los organismos que forman parte del sistema de inteligencia nacional".   Y, en segundo lugar: "La producción de inteligencia criminal referida a los delitos federales complejos relativos a terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos, y atentatorios contra el orden económico y financiero, así como los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional".   Además, detalla que se transfiere "a la órbita de la Agencia Federal de Inteligencia las competencias y el personal que se requiera de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, dependiente del Ministerio de Seguridad, referidas a las actividades" vinculadas "a los delitos federales complejos y los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional".   Cabe destacar que, tanto el director como el subdirector, podrán ser removidos por el Poder Ejecutivo.   La procuradora kirchnerista Alejandra Gils Carbó estará a cargo de las escuchas telefónicas. "Se transferirá la totalidad del sistema judicial de escuchas al Ministerio Público fiscal, ya que es el único ministerio extrapoder", explicó Cristina Kirchner cuando envió el proyecto al Congreso.     Disposición transitoria   El Gobierno podrá retirar a cuántos antiguos agentes quiera. Así lo establece el Artículo 28 de la ley, que faculta a Oscar Parrilli por 120 días para "disponer la jubilación extraordinaria de aquellos agentes que, sin perjuicio de su edad, hayan reunido los requisitos para obtener la jubilación voluntaria, y no sean necesarios sus servicios".   Con el correr de los días, comenzó a tomar fuerza la versión de que unos 200 militantes kirchneristas podrían entrar a trabajar como espías, pero La Cámpora salió a desmentirlo.   Ottavis, junto al nuevo secretario de Cristina Kirchner DyN "Eso no sucedió. Lo desmiento categóricamente", sostuvo José Ottavis, vicepresidente de la Legislatura bonaerense y dirigente de La Cámpora, en una entrevista con el periodista Daniel Tognetti en el programa "Territorio Comanche" de FM Nacional Rock.   De todos modos, advirtió: "Si fuera verdad, la pregunta que me gustaría hacer a los medios es qué título estaría bien: '¿El Gobierno trae presos de las cárceles para trabajar en la SIDE?', '¿El Gobierno trae barrabravas para trabajar en la SIDE?', 'El Gobierno trae ex mano de obra de la Policía Bonaerense para trabajar en la SIDE?'".   "Yo no sé quién es el ex candidato a intendente que dicen que va a entrar a trabajar. Pero qué mejor que un tipo de la democracia para que trabaje en ese lugar", desafió, en referencia a un artículo publicado por el diario La Nación. A continuación, insistió: "Si dicen que hay 200 incorporaciones, que pongan los expedientes sobre la mesa".     Los agentes   En cuanto a la incorporación y comportamiento de las personas que trabajen en la Agencia, la ley dice: "Se deberá instrumentar una profunda reformulación del proceso de ingreso de personal a la Agencia Federal de Inteligencia estableciendo criterios de transparencia en el marco del Plan Nacional de Inteligencia y las necesidades operativas".   Además, agrega: "Se deberá fortalecer el control disciplinario de la conducta de los agentes de la Agencia Federal de Inteligencia adoptando criterios que faciliten la necesaria separación de aquellos agentes cuyas acciones sean o hayan sido incompatibles con el respeto a los derechos humanos o violatorios del orden constitucional".    

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