La primera testigo citada era Ángela Ester Ledesma, presidenta de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, que hizo su declaración por escrito ante el Jurado de Enjuiciamiento, que analiza el pedido de destitución de Axel López, juez de Ejecución Penal, que enfrenta el jury por haber otorgado la libertad condicional a un reincidente, desoyendo la opinión de un perito psiquiatra. El delincuente, Juan Ernesto Cabeza, violó y mató a Tatiana Kolodziez.

Ángela Ledesma preside una Sala que se caracteriza por un alto porcentaje de liberaciones basadas en "errores de procedimiento" que benefician a acusados de narcotráfico. A la sesión anterior, debía presentarse Ana María María Figueroa, otra integrante de la Sala, pero tampoco lo hizo. Nombres lo suficientemente fuertes tanto como para engalanar la presentación, que optaron por ausentarse y presentar un escrito.

Habló entonces en primer lugar la fiscal subrogante Marisa Migueles, presentada por la parte acusadora. Declaró que se opuso a la libertad condicional de Cabezas, por riesgo de reincidencia y en atención a la recomendación del psiquiatra forense, el doctor Islas, quien desaconsejó la excarcelación. Cuando se le preguntó si recordaba casos en que se hubiese negado el otorgamiento de la libertad condicional debido al informe del psiquiatra forense, la fiscal respondió que se analiza la progresividad y avance del interno, el tránsito integral de su condena. El informe psiquiátrico es uno de los elementos a tomar en cuenta, si bien tiene que cumplir los objetivos. Una vez más, como en la sesión anterior, una profesional ratificó que en el programa de tres etapas para agresores sexuales implementado en el 2009, Cabeza apenas estaba en la primera etapa. Como declaró otra profesional, también en la sesión anterior, en la Unidad 7 –la cárcel federal de Resistencia- todos están en esta primera fase. Y cuando se le preguntó si el condenado podría hacer el tratamiento de forma externa, respondió que eso debía ordenarlo el juez. Por otra parte, reconoció que los dictámenes de la fiscalía y del servicio penitenciario no son vinculantes para el juez. Y hoy como ayer, más que una declaración de un testigo, parecía un examen sobre cuánto se conoce de leyes.

El testigo más peculiar de la jornada fue Mario Juliano, juez de ejecución de Necochea, fundador de la asociación Pensamiento Penal, y autor de fallos sorprendentes, entre otros, que no es delito que los presos tengan y usen un teléfono celular en las cárceles o declarar inconstitucional la pena mínima de 10 años para un homicida por "excesiva". Juliano se presentó como "amigo" de López –aunque no íntimo, por la distancia de sus residencias-. Declaró que "no existe la posibilidad de seguir la ejecución de cada causa". Cuando se le preguntó cuál es la tarea de un fiscal en la sociedad -extrañamente, dado que se está juzgando a un juez-, respondió que es "la defensa de la legalidad para la sociedad, a diferencia de los que dicen que el fiscal debe acusar sí o sí, yo disiento". Yendo en contra de toda la dogmática penal, que sostiene que el fiscal es la parte que acusa dentro de un proceso penal, esta nueva ola de fiscales abolicionistas se arroga, con el mismo nombre, otro papel. Uno que les permite salir de sus funciones específicas y defender al procesado o condenado.

El Secretario del Consejo Correccional, Gervasio Tesone Álvarez, ratificó, una vez más, que nadie superó la primera fase del programa.

En suma, desde la primera audiencia, todos hablan de ajustarse a derecho, y con ese paraguas justifican al juez que le otorgó libertad condicional a un condenado que no había cumplido con la totalidad del tratamiento, que debería ser una condición necesaria para gozar de ese beneficio. Y, en definitiva, cuando alegan que la escasez de recursos es la causa de la reiterancia liberadora de criminales efectos del juez Axel López, lo que hacen es autoacusarse como corporación, en lugar de defenderse.

El ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, co-defensor de López, fue uno de los que insistió en la falta de personal como para poder realizar el trabajo con idoneidad: ¿Tienen suficientes medios como para poder hacer ese control a los internos, hay un "cara a cara"? La pregunta debería ser: ¿Cómo puede ser que los otros jueces, con las mismas condiciones, no excarcelen con tanta liviandad como lo hizo Axel López?

Por otra parte, pese a haber sido alegado por la defensa, el argumento de que hay pocos juzgados de Ejecución Penal en Capital Federal y deben controlar en todo el país, en verdad parece un argumento en contra, porque la defensa corporativa del juez Axel López no hace nada por modificar ese estado de cosas.

Lo más sorprendente es que la referencia a la falta de recursos provenga de un ex juez que desde hace doce años es la máxima autoridad en todos los fueros, incluso el penal.