La misteriosa muerte de Alberto Nisman mantiene convulsionada a la sociedad desde hace 10 días. Mientras la investigación se revela por ahora insuficiente para calmar las ansias de quienes reclaman pistas concretas, el Gobierno no atina a dar una respuesta que lo exonere de culpas. Las voces más atrevidas colocan al oficialismo en tela de sospecha por haber sido objeto de una gravísima denuncia por parte del fiscal; otros, más moderados, se limitan a señalar su responsabilidad por las posibles fallas en la seguridad del funcionario o en el procedimiento que terminó con el hallazgo de su cuerpo en el baño de su departamento.

En un contexto que demanda acciones urgentes, la oposición presentó en las últimas horas de este martes, una batería de exigencias y propuestas. Entre esas reacciones, Sergio Massa planteó ayer convocar a un grupo de expertos internacionales para que ayuden con la investigación. Argumentó que éstos darían garantías de estar "despojados de cualquier interés", un concepto básico en la Justicia pero que el derrotero de elucubraciones que se generó en los últimos días obliga a atender.

La idea de Massa tuvo un precedente paradigmático en la historia reciente de Guatemala. Fue cuando una comisión de especialistas –la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)– resolvió el que acaso haya sido el crimen más impactante que tuvo que afrontar el gobierno de Álvaro Colom, en 2009.

A fuerza de narcos y maras, los guatemaltecos se acostumbraban por aquellos días a que los homicidios coparan las páginas de la prensa. Pero la muerte de Rodrigo Rosemberg estuvo lejos de limitarse a engrosar una estadística, y en cambio hizo temblar los cimientos del Gobierno. ¿El motivo? El abogado que fue acribillado a balazos cuando circulaba en bicicleta por su barrio dejó grabado un video en el que hacía responsable al presidente de su asesinato.

Emitida y repetida en los canales de noticias, la grabación de Rosenberg sindicando a Colom, a su esposa y a su círculo más íntimo de colaboradores de su muerte despertó la rabia de una sociedad traumatizada por la violencia. Hubo numerosas marchas exigiendo su renuncia.

Consciente de que su credibilidad, la de su gestión y la de la Justicia estaba ya minada de desconfianza, el mandatario se defendió en televisión y anunció que convocaría a juristas prestigiosos de otros países para realizar la investigación. La comisión estuvo conformada por representantes de las Naciones Unidas y el FBI y quedó a cargo del fiscal español Carlos Castresana.

Al cabo de un año, ese grupo pudo determinar por qué Rosenberg sabía que iba a morir. La respuesta: el abogado había planeado su propio asesinato. El móvil de esa decisión estuvo vinculado a una depresión muy severa.

El caso puso en vilo la conducción del Ejecutivo y cobró tal notoriedad que llegó a la pantalla grande. En 2013 se estrenó Seré asesinado, el film que narra y documenta esos hechos. Aunque inesperado, la historia tuvo su final. El cierre, claro, se alcanzó con colaboración externa. Hoy hay quien apuesta a seguir un camino similar para resolver en la Argentina una muerte tan dudosa que hasta ahora no es posible determinar si se trató o no de un suicidio.